GREENPEACE TOMA EL ASTA DEL ZÓCALO
- Protestan contra planta en Sinaloa
Ciudad de México, 7 septiembre 2026.- Una inédita acción de resistencia socioambiental sacudió el centro neurálgico de la República mexicana cuando militantes de la organización Greenpeace, en colaboración solidaria con el colectivo regional ¡Aquí No!, lograron vulnerar los cercos de seguridad de la Plaza de la Constitución para escalar los más de cien metros del asta bandera monumental. Desde las alturas del lábaro patrio, los activistas desplegaron un pendón de proporciones monumentales con el propósito de emplazar de manera directa al gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum para que ordene la anulación irrevocable del controvertido complejo petroquímico proyectado en Topolobampo, Sinaloa, iniciativa a cargo de la corporación empresarial Grupo Proman y su filial Gas y Petroquímica de Occidente.
La intervención urbana, concebida como un acto de comunicación política de alto impacto visual, colocó en la agenda nacional los riesgos ecológicos y comunitarios asociados a la obra industrial. Los portavoces del movimiento ecologista recalcaron que la instalación de la planta de amoniaco en esa franja costera del Pacífico mexicano vulnera de forma irreversible la integridad ecológica de la Bahía de Ohuira, un ecosistema lagunar catalogado como refugio protegido que resguarda poblaciones críticas de delfines, diversas especies de tortugas marinas en peligro de extinción y colonias de aves migratorias. Asimismo, la protesta subrayó la vulnerabilidad a la que se expone a los asentamientos humanos circundantes ante el almacenamiento y manipulación a gran escala de insumos altamente tóxicos, un factor de riesgo que las comunidades locales han denunciado sistemáticamente ante tribunales y dependencias ambientales sin obtener una respuesta satisfactoria.
Mientras la protesta ecológica dominaba el horizonte visual del primer cuadro capitalino, las repercusiones legales y normativas de la acción comenzaron a evaluarse en el ámbito institucional. Especialistas en derecho administrativo y fuentes gubernamentales señalaron que la incursión no autorizada en la estructura del asta monumental podría configurar transgresiones a la ley sobre el uso de los símbolos patrios, además de incurrir en faltas cívicas graves que ameritan sanciones económicas y administrativas para los participantes, un escenario que pone de relieve la tensión permanente entre las tácticas de desobediencia civil pacífica y los marcos regulatorios vigentes en torno al espacio público federal.
