REVELA SECRETARÍA DE ANTICORRUPCIÓN RED EMPRESARIAL
Ciudad de México 5 noviembre 2026.- Empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas obtuvieron contratos por 2 mil 740.3 millones de pesos entre 2015 y 2025 con organismos públicos locales electorales (OPLE).
Así lo informó este jueves la Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, quien detalló que, entre las principales beneficiarias aparecen Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Comercializadora JVLY y Corporativo ZEG, con adjudicaciones millonarias para suministrar materiales electorales en distintas entidades del País.
«Pero todas las empresas, aunque participaban muchas empresas en teoría, pues al final el beneficiario final eran los mismos hermanos Casillas en todos los casos», afirmó durante su participación en la mañanera.
De acuerdo con las cifras presentadas, entre 2015 y 2023 las empresas vinculadas con los Hernández Casillas obtuvieron contratos por 2 mil 94 millones de pesos en 23 de los 32 organismos electorales estatales.
En ese periodo, Formas Finas y Materiales encabezó las adjudicaciones con 825.6 millones de pesos, seguida de Cajas Graf, con 751.2 millones, y Seriplast de México, con 380.5 millones.
Las tres compañías concentraron contratos por mil 957.3 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente el 93.5 por ciento de los recursos identificados para ese periodo.
Otros proveedores fueron Corporativo ZEG, con 101.2 millones de pesos, y Formas Finas Fernando Fernández, con 35.5 millones.
En el desglose por entidades, Veracruz registró el mayor monto de contrataciones, con 570.4 millones de pesos, seguido de Nuevo León, con 314.2 millones; Hidalgo, con 203.6 millones; Oaxaca, con 200.4 millones, y Coahuila, con 139.6 millones.
También figuraron Sonora, con 110.7 millones de pesos, y Chiapas, con 105 millones.
Para 2024 y 2025, la red empresarial consiguió otros 646.3 millones de pesos en contratos con 15 organismos electorales locales.
En esos dos años, Comercializadora JVLY encabezó las adjudicaciones con 234.7 millones de pesos, seguida de Cajas Graf, con 181.9 millones; Corporativo ZEG, con 123.7 millones, y Formas Finas y Materiales, con 105.9 millones.
Puebla fue la entidad con mayores contrataciones en ese periodo, con 129.7 millones de pesos, seguida de Jalisco, con 102.2 millones; Baja California, con 76.6 millones; Oaxaca, con 64.9 millones, y Sinaloa, con 46.4 millones.
Los registros exhibidos por la Secretaría muestran que 2021 fue el año con el mayor volumen de contrataciones, al alcanzar 908 millones de pesos, mientras que en 2024 se registraron adjudicaciones por 582.4 millones. Para 2025, el monto identificado fue de 63.9 millones.
Buenrostro advirtió que las cifras podrían incrementarse conforme avancen las auditorías, debido a que la investigación se elaboró con información de fuentes abiertas, entre ellas la Plataforma Nacional de Transparencia y los registros históricos de Compranet.
«Estos números seguramente se van a mover con las investigaciones que está haciendo la Auditoría Superior de la Federación (ASF), porque como estamos usando fuentes abiertas, a veces no todos los sujetos obligados suben la información y no todos los contratos están arriba», explicó.
La funcionaria denunció que las compañías operaban mediante un esquema de simulación de competencia en licitaciones, en el que distintas empresas aparentemente independientes presentaban ofertas, aunque sus beneficiarios finales eran los mismos empresarios.
«En todas las empresas estaban relacionadas o vinculadas con los hermanos Hernández Casillas y lo que hacían es que entraban a las licitaciones, pero como ellos tienen conocimiento de todas las empresas, simulaban con los precios, ya se ponían de acuerdo quién iba a ganar», sostuvo.
La presentación identificó una estructura empresarial de seis compañías que presuntamente coordinaban sus propuestas económicas para determinar anticipadamente cuál obtendría el contrato.
También documentó vínculos familiares entre socios, administradores y representantes legales de las compañías.
Entre ellos aparecen Raymundo Hernández Velázquez y Tatiana Patricia Hernández Velázquez, hijos de José Alfredo Hernández Casillas.
Buenrostro afirmó que algunas de las empresas no declaran trabajadores ni capacidad técnica y comparten domicilios y números telefónicos, mientras que los recursos recibidos por contratos públicos son transferidos a otras sociedades y personas físicas.
«Las empresas no declaran empleados, no declaran capacidad técnica, muchas de las empresas tienen la misma dirección, el mismo teléfono, son empresas como fantasmas», señaló.
