El gobierno
chiapaneco deberá acatar la resolución de la Suprema Corta de Justicia de la
Nación, en la cual reconoce la posesión de Oaxaca sobre 162 mil hectáreas de
tierras en Los Chimalapas.
El
Congreso de Chiapas aprobó, por urgente y obvia resolución, una iniciativa con la
que se autoriza al gobernador, Rutilio Escandón Cadenas a que suscriba “un
convenio amistoso” de límites territoriales entre Chiapas y Oaxaca, después del
resolutivo emitido por la Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN), que
otorga 160 mil hectáreas de la zona de Los Chimalapas al estado vecino.
La
Legislatura local aprobó, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 2 de la Constitución Política de Chiapas relacionada con el asunto de
ambas entidades federativas colindantes.
El
Congreso de Chiapas, informó en un comunicado que en sesión extraordinaria
encabezada por la presidenta de la Mesa Directiva, Sonia Catalina
Álvarez, los legisladores afirmaron que se atenderán los límites
territoriales entre los municipios de Cintalapa, Arriaga y Tonalá, en Chiapas,
con los de San Pedro Tapanatepec, y San Francisco del Mar en el estado de
Oaxaca.
También
señalaron que el poder Legislativo, aprobó la iniciativa de decreto mediante el
cual se reforma el artículo 2 de la Constitución Política local
respecto a los límites territoriales presentada por diputados
integrantes de la Comisión Especial “para que conozcan del seguimiento a los
resolutivos emitidos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la
controversia constitucional 121-2012 , que determinó los límites
territoriales del estado” .
La
Suprema Corte, explicó, “emitió un resolutivo sobre el asunto, a
favor de Oaxaca, y pidió que se respetara; la Comisión del caso Chimalapas de
Chiapas después de analizar emite un dictamen con el que acata la disposición ,
a su vez se exhorta a un convenio amistoso de respeto mutuo entre
las comunidades para los temas limítrofes”.
El
pasado jueves 13 de abril, representantes de 15 ejidos chiapanecos
asentados en la zona de los Chimalapas pidieron a los
gobiernos federal y estatal que establezcan una mesa de diálogo para resolver
el conflicto por la pugna de 160 mil hectáreas, porque los vecinos de aquel
estado amenazan con desalojarlos.
Hímer
Jiménez López, presidente del comisariado de Rafael Cal y Mayor afirmó que no
permitirán que los expulsen de esa zona limítrofe.
“No
vamos a permitir que nos saquen, defenderemos nuestras tierras; hemos vivido 50
o 60 años en esas tierras y no las vamos a dejar así nomás, sino que las vamos
a defender. No vamos a salir, las defenderemos”, advirtió.
El
representante rural demandó al gobierno que intervenga de inmediato y que “se
defienda el derecho de cada comunero y ejidatario; que se nos respete porque
tenemos documentos; que no nos desalojen. Los oaxaqueños quieren las tierras
sin personas”.
