DOCUMENTAN LICITACIONES SIMULADAS Y SOBRECOSTOS EN GESTIÓN DE QUIJANO: LA RAZÓN

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  • Durante la gestión del exalcalde Luis Gerardo Quijano Morales (2021–2024), la demarcación adjudicó 46 contratos por un monto de entre $114.5 millones y $130.7 millones de pesos a tres compañías vinculadas por los mismos representantes y administradores.
  • Actas mercantiles acreditan que las firmas Mazare Construcciones, Tenedora Inmobiliaria Vacacional y Bayca Obras y Proyectos compartieron como representante a Miguel Ángel Liceaga Galván y compitieron entre sí en licitaciones públicas, violando la Ley de Obras Públicas.  

Ciudad de México, 20 noviembre 2026.-El cruce de investigaciones periodísticas, registros mercantiles, contratos de obra pública y expedientes de fiscalización ha puesto al descubierto un esquema sistemático de contrataciones a empresas vinculadas, sobrecostos y desvíos normativos ocurridos durante el trienio 2021–2024 en la alcaldía La Magdalena Contreras, encabezado por el entonces alcalde priísta Luis Gerardo Quijano Morales.  

De acuerdo con inscripciones del Registro Público de Comercio (RPC) y contratos oficiales de la demarcación revelados por el diario La Razón, entre 2021 y 2024 la administración local otorgó un mínimo de 46 contratos por un piso de $114,516,372.00 pesos y un techo de hasta $130,761,239.00 pesos a una tríada de razones sociales interconectadas. Los recursos se concentraron en Mazare Construcciones, S.A. de C.V., que obtuvo 24 contratos por hasta $74.3 millones de pesos; Tenedora Inmobiliaria Vacacional, S.A. de C.V., beneficiada con 20 contratos por $46.5 millones de pesos; y Bayca Obras y Proyectos, S.A. de C.V., que recibió dos contratos por $9.8 millones de pesos.  

Simulación de competencia y sobrecostos de hasta 366.8%

Los documentos societarios demuestran que las tres compañías operaron bajo un mismo eje de control administrativo encabezado por Miguel Ángel Liceaga Galván, quien figura como representante y delegado en las tres firmas, junto con María de los Ángeles Ortiz Ortiz, administradora única de Mazare Construcciones y apoderada con facultades de administración en Tenedora Inmobiliaria Vacacional.  

Pese a que el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios prohíbe celebrar contratos con empresas que coincidan en una misma licitación y compartan socios o representantes legales, el gobierno de Quijano Morales permitió que Mazare Construcciones y Tenedora Inmobiliaria Vacacional compitieran entre sí en dos licitaciones públicas. Adicionalmente, la alcaldía entregó 33 contratos por adjudicación directa a las tres firmas de la red y falló cinco licitaciones públicas y una invitación restringida en las que los representantes de las demás empresas invitadas nunca se presentaron, dejando el camino libre a la compañía ganadora.  

Uno de los casos más representativos de esta simulación ocurrió en la licitación LMC/CIR/DGAF/DRMAS/SAA/UDA/016/2023, derivada en el contrato LMC/DGAF/DGJYG/IR/091/2023 por un monto máximo de $3,623,317.00 pesos para adquirir luminarias solares del Presupuesto Participativo. En dicho proceso, ambas empresas hermanas compitieron entre sí y el fallo favoreció a Mazare Construcciones, que vendió cada luminaria solar LED de 200 watts marca Mundo Lúcido en $9,802.00 pesos durante 2023. 

Sin embargo, en plataformas comerciales como MercadoLibre, lámparas de la misma marca y especificaciones casi idénticas se ofertan al público en un máximo de $2,100.00 pesos; es decir, son 78.58% más baratas en el mercado comercial, lo que representa un sobreprecio del 366.76% pagado con recursos públicos. La colusión en concursos públicos se repitió en 2024 dentro de la licitación AMC-DGODU-045-2024 para el mantenimiento de infraestructura deportiva, donde ambas firmas volvieron a coincidir y Mazare Construcciones obtuvo nuevamente el contrato por $7,279,996.00 pesos.  

Obras riesgosas, clientelismo y extorsión

Las anomalías detectadas en las contrataciones públicas se entrelazan directamente con los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa (PRA) y las indagatorias que enfrentan 11 exfuncionarios del gabinete de Luis Gerardo Quijano Morales, cuyas audiencias de ley fueron programadas entre septiembre y noviembre de 2026.  

En el área de obra pública, el vínculo con la red de empresas hermanas quedó documentado en el contrato AMC-DGODU-LP-54-2023, adjudicado a Mazare Construcciones por $6,995,626.24 pesos para rehabilitar los deportivos Casa Popular y 1º de Mayo, así como en su contrato de supervisión AMC-DGODU-AD-67-2023, otorgado por adjudicación directa a Reylaz, S.A. de C.V. por $419,737.57 pesos. Por estos dos instrumentos fueron llamados a responder el ex Director General de Obras y Desarrollo Urbano, Rufino Juan Carmona León —firmante de los contratos—, el ex Subdirector de Supervisión de Obras, Armando David Andrade Pérez, y la ex J.U.D. de Supervisión de Obras de Edificios Públicos, Nicole Ángeles Rodríguez.  

La auditoría les fincó una observación por $1,801,800.00 pesos tras detectar que se construyó y aprobó una techumbre sin documentos que acrediten los trabajos y materiales empleados, careciendo además de estudios de cálculo, calidad y seguridad estructural, lo que pone en riesgo a los usuarios. Pese a la gravedad del señalamiento, ni Carmona León ni Andrade Pérez se presentaron a su audiencia programada para el 7 de octubre de 2026.  

A este expediente en materia de infraestructura se suma el del ex J.U.D. de Supervisión de Obras de Infraestructura Urbana, Daniel Cervantes Rodríguez, quien fue emplazado por un quebranto de $1,589,765.00 pesos debido a obra de pavimentación pagada pero no ejecutada bajo el contrato AMC-DGODU-LP-054-2024, ausentándose también de su comparecencia el 2 de octubre de 2026. En una vertiente similar, el ex Coordinador de Servicios Urbanos, Miguel Ángel Pérez Correa, enfrenta un procedimiento por $2,248,101.10 pesos al no acreditar documentalmente 74 días trabajados de un tractocamión bajo el contrato LMC/CSU/ADC-09/064/2022.  

Las irregularidades alcanzaron también la operación de la política social de la demarcación con fines políticos y electorales. La ex Directora General de Desarrollo Social, Guadalupe Bernal Estrada, y la ex J.U.D. de Equidad de Género, Nelly Gallegos Morales, fueron sujetas a procedimiento por un monto de $268,888.83 pesos tras incumplir las Reglas de Operación del programa «Fortalecimiento a la Mujer Contrerense», luego de que por compromisos políticos integraron a cuatro hombres en un padrón de beneficiarias exclusivo para mujeres.  

Asimismo, en la Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico, su ex titular Blanca Esthela de la Rosa Cruz, junto con el ex Subdirector Said Eleazar Hernández Soto y el ex J.U.D. Alfredo Ábrego Barradas, enfrentan cargos administrativos por un daño de $171,850.00 pesos. Las indagatorias señalan que, buscando favorecer a líderes territoriales para sumar votos en el periodo electoral, otorgaron recursos del programa «Reactivación Económica a Negocios» a 27 personas que ya recibían otro programa social, violando el candado de no duplicidad.  

Por último, en el ámbito de gobierno y verificación administrativa, el ex Director General de Jurídico y Gobierno, Iván Pérez Salazar, fue llamado a comparecer en septiembre de 2026 bajo investigación por el presunto delito de extorsión a negocios locales. El esquema documentado revela que el exfuncionario ordenaba de forma discrecional la clausura de establecimientos mercantiles, aunque cumplieran con la norma; posteriormente, cuando los comerciantes afectados interponían el recurso legal de revisión, el propio Pérez Salazar era la autoridad encargada de resolverlo, actuando de manera ilegal como juez y parte.  

Un balance de opacidad

En conjunto, la evidencia documental retrata una administración marcada por el direccionamiento de más de $114.5 millones de pesos hacia un grupo cerrado de contratistas y por un cúmulo de observaciones administrativas que, tan solo en cinco expedientes de daño patrimonial directo, representan más de $6.08 millones de pesos en recursos públicos sin justificar.

Con al menos la mitad del gabinete de primer nivel de Luis Gerardo Quijano Morales sujeto a procesos ante los órganos de control, y ante la inasistencia reiterada de varios exfuncionarios a sus audiencias de ley, el avance de estos expedientes en las instancias fiscalizadoras y penales será determinante para fincar las sanciones resarcitorias e inhabilitaciones correspondientes, cerrando el paso a la impunidad en el manejo del erario de La Magdalena Contreras.

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