DICE VALADÉS QUE ROCHA NO TIENE ‘BLINDAJE’ JURÍDICO
Agencia Reforma
Ciudad de México 23 agosto 2026.- El constitucionalista, Diego Valadés, aseguró que la licencia que tiene Rubén Rocha Moya no representa un blindaje jurídico, y que la Fiscalía federal puede proceder contra el Gobernador de Sinaloa si encuentra elementos en su contra.
Valadés sostuvo que no existe impedimento constitucional ni legal para investigar y, en su caso, someter a proceso a un alto funcionario que se encuentra con licencia.
«No veo ningún blindaje jurídico. Si la Fiscalía encuentra elementos debe proceder penalmente contra un gobernador o contra cualquier otro alto funcionario con licencia», afirmó en entrevista con Grupo REFORMA.
El jurista precisó que, en este caso, no es necesario recurrir al procedimiento de declaración de procedencia ante la Cámara de Diputados para que las autoridades ministeriales puedan actuar contra Rocha Moya.
Ante los cuestionamientos de la Oposición sobre que pese a la nueva separación del cargo el morenista pueda evitar responsabilidades, sostuvo que en caso de que existan elementos que permitan presumir la comisión de un delito, a la Fiscalía le corresponde actuar conforme a sus atribuciones.
El ex Ministro también llamó a las instituciones encargadas de procurar la justicia a acelerar sus investigaciones para hacer frente a los niveles de impunidad que persisten en el País.
Valadés cuestionó la rapidez con la que se han atendido algunas solicitudes de entrega de personas reclamadas por Estados Unidos, mientras que ha demorado en otros procedimientos que, de acuerdo con el jurista, deben sujetarse a las disposiciones del tratado de extradición.
«Hubo una gran diligencia para atender las peticiones de entrega de casi 100 personas procesadas, reclamadas por Estados Unidos, sin aplicar las disposiciones que rigen la extradición», señaló.
Desde su perspectiva, esa actuación contrasta con la demora para investigar solicitudes que se apegan al tratado de extradición, bajo el argumento de que no existen pruebas suficientes.
Valadés recordó que, conforme al tratado, el País solicitante debe presentar las pruebas de las que disponga, pero a partir de que se hayan realizado las detenciones con fines de extradición, por lo que, dijo, no está obligado a entregar esas pruebas previamente.
El abogado señaló la tardanza en investigaciones de casos de alto impacto, como el huachicol, y advirtió que este tipo de retrasos alimentan la preocupación de la opinión pública frente a los elevados niveles de impunidad.
«Espero que haya una rectificación y que todas las Fiscalías actúen con prontitud para combatir los elevados niveles de impunidad que se registran en el País», expresó.
Asimismo, consideró que algunas dependencias locales han mostrado resultados, particularmente la de la Ciudad de México, pero sostuvo que en el ámbito federal existe una brecha entre el trabajo de las corporaciones policiales y el de la Fiscalía.
«En el ámbito federal el ritmo de las investigaciones y acciones policiales es más eficaz que el de la Fiscalía», afirmó.
