CITA JUDICIAL CLAVE PARA EL FUTURO GIGANTE DE LOS MEDIOS
Oakland, California. 11 septiembre 2026.- La disputa antimonopolio que frena la mega fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery entrará en una fase crucial el próximo mes. Un tribunal fijó para finales de octubre una audiencia de conciliación de dos días, un espacio en el que ambas compañías buscarán destrabar el conflicto legal con las autoridades estatales antes de llegar al juicio formal previsto para marzo en California.
El juez Thomas Hixson encabezará estas negociaciones para medir las posibilidades reales de un entendimiento fuera de los tribunales. La presión del tiempo juega un papel determinante para Paramount, ya que la empresa enfrenta un plazo límite al 1 de octubre, fecha a partir de la cual deberá comenzar a pagar una penalización diaria de 7 millones de dólares a los accionistas de Warner Bros.
Del otro lado de la mesa, el fiscal general de California, Rob Bonta, encabeza un bloque de 12 estados que mantienen bloqueada la operación valuada en 111 mil millones de dólares, bajo el argumento de que reduciría de forma ilegal la competencia en la industria del cine y la televisión por cable. Aunque Bonta se mostró dispuesto al diálogo, advirtió que cualquier pacto exige cambios estructurales profundos, lo que podría traducirse en la venta o separación de activos importantes de la empresa combinada.
El camino hacia la conciliación no ha estado libre de tensiones. A finales de agosto, un encuentro clave se vino abajo a última hora tras acusaciones mutuas sobre filtraciones a la prensa, lo que obligó a Paramount a bajar el tono de su presión pública. Pese a este tropiezo, las partes tienen como límite el próximo martes para definir las fechas exactas de las reuniones presenciales de octubre, aunque no se descarta que logren un acuerdo de manera independiente antes de esa cita.
Mientras tanto, la agenda judicial inmediata contempla otra audiencia para el 24 de septiembre. En esa fecha, el tribunal evaluará la petición de Paramount para exigir a los estados demandantes una fianza millonaria que cubra los costos provocados por el retraso de la operación, un movimiento que los estados califican como un intento por evadir los compromisos previamente pactados para mantener en pausa la transacción.
