Ciudad de México 6 junio 2026.-El nuevo Auditor Superior de la Federación (ASF) decidió eliminar las auditorías focalizadas en proyectos, programas y obras específicos, y ahora se dedicará a revisiones de las dependencias.

Por ejemplo, habrá una sola auditoría para Pemex, una para la CFE, una para la Defensa Nacional, una para la Suprema Corte, y así con todos los órganos revisados.

El anterior Auditor, David Colmenares, había planeado 33 auditorías a Pemex, sobre temas específicos como ingresos y gastos de la refinería de Dos Bocas; gasto en mantenimiento del resto de las refinerías; siniestros en instalaciones marinas; contratos para campos de producción, y funcionamiento de la filial Pemex Procurement International, entre otros temas.

Ahora, el nuevo Auditor, Aureliano Hernández Palacios Cardiel -hijo de un ex secretario particular de la Presidenta Claudia Sheinbaum- entregará un solo informe global sobre Pemex.

A tres meses de su nombramiento al frente de la ASF, Hernández Palacios resolvió que será más «eficiente» hacer revisiones y presentar informes globales sobre la actividad de cada ente revisado.

Para ello, ordenó dar de baja 332 auditorías de cumplimiento, desempeño y forenses que había planeado su antecesor, sobre dependencias federales, paraestatales y gobiernos estatales y municipales en el ejercicio de 2025.

A cambio, se llevarán a cabo 279 auditorías «integrales» y, por primera vez, todas las dependencias federales serán revisadas, aunque hasta ahora se desconoce con qué nivel de detalle.

La ASF ha operado con el modelo focalizado porque no cuenta con personal para revisar las actividades de todos los órganos y dependencias que el año pasado gastaron 9.7 billones de pesos.

Si bien en mayo se publicó una reforma a la Ley  de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, ésta no se refirió al tipo de auditorías que puede realizar la ASF.

Falta dinero y no lo cuidan

Mientras el Gobierno federal enfrenta presiones fiscales y un déficit que en 2025 cerró en 4.3 por ciento del PIB, con una deuda pública equivalente a 52.6 por ciento de la economía, la Auditoría Superior de la Federación optó por reducir las revisiones específicas al gasto público.

La decisión contrasta con el escenario de estrechez financiera del País: cuando más relevante resulta vigilar cada peso del erario, la fiscalización deja de enfocarse en proyectos concretos y concentrará sus hallazgos en informes generales sobre dependencias y entidades públicas.

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