CDMX,
22 de noviembre. – La transformación digital está presente en todo el mundo y
continúa expandiéndose en la medida en que se desarrolla la tecnología. Las
mejoras en la conectividad han facilitado que gobiernos, industrias, empresas,
organizaciones, personas e incluso objetos estén cada vez más conectados a
internet.
En
México, el acceso al servicio de banda ancha —ya sea fijo o móvil— mostró un
crecimiento muy destacado en los últimos años. El aumento es tal, que en 2013
había 40 accesos al servicio fijo de internet por cada 100 hogares. En 2021
este dato se elevó a 69, según datos del Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT). En cuanto al acceso al servicio móvil, 23 de cada 100
habitantes tenían internet en su celular en 2013, cifra que subió a 86 en 2021.
Si
bien aún es un asunto pendiente eliminar por completo la brecha digital en el
país, la creciente capacidad para conectarse a la red generó ya toda una
economía digital con beneficios indiscutibles, que contribuyen al desarrollo
social y económico de México. Sin embargo, derivado de la digitalización, hay
una mayor exposición a los riesgos en ciberseguridad.
En los
últimos meses, atestiguamos la proliferación de ataques cibernéticos
perpetrados por grupos criminales, ya sea a organismos multinacionales o
gobiernos de otros Estados, por medio de técnicas sofisticadas. Estas
agrupaciones buscan afectar las infraestructuras críticas y los sistemas
informativos gubernamentales y de empresas, así como a las personas que los
operan, con un fin específico, que puede ser de carácter económico o de otro
tipo, poniendo en riesgo la seguridad nacional del país.
México
es todavía una nación relativamente vulnerable en seguridad y defensa
cibernéticas. En el primer semestre de 2022, se registraron 85 millones de
tentativas de ciberataques, lo que representó más del 50 por ciento del total
de los intentos en América Latina y el Caribe. Tan solo el Senado de la
República recibió más de 300 mil intentonas en lo que va del año. Se calcula
que los costos de la ciberdelincuencia y el fraude cibernético para la economía
nacional ascienden a 8 mil millones de dólares anuales.
Conscientes
de los riesgos de seguridad que conlleva la transformación digital, en el
Senado mexicano emprendimos una serie de esfuerzos enfocados a identificar las
oportunidades para legislar en la materia y avanzar en la construcción de un
modelo de gobernanza de la ciberseguridad, que responda a las necesidades
actuales, como contar con un ente gubernamental que coordine a las diversas
dependencias y demás actores involucrados —sector privado, academia y sociedad
civil—, y concentre las acciones para gestionar y responder a los riesgos que
plantea la seguridad en el ciberespacio.
Tenemos
muy claro que aumentar la capacidad del Gobierno en ciberseguridad pasa necesariamente
por la coordinación más allá de las fronteras nacionales. A medida que se
profundiza la digitalización, se vuelven fundamentales la cooperación
internacional y la alineación de políticas con países líderes en la materia,
como el caso de Estados Unidos, el Reino Unido e Israel.
El fin
último es fortalecer la ciberseguridad del país y con ello proteger los
derechos de la población en esta nueva era, su privacidad e identidad, y
promover la confianza en las nuevas tecnologías. De esa manera impulsaremos la
innovación y el crecimiento económico, a fin de que la transformación digital
sea segura para todas y todos los mexicanos. En el Senado continuaremos
trabajando para que pronto contemos con un marco legal sólido y moderno que nos
permita avanzar en la dirección correcta.