Chile está a punto de reformar la estructura económica y
política de su sistema de libre mercado con una nueva Constitución que
eliminaría el Senado, reduciría la minería y daría amplio poder a los grupos
indígenas.
Un borrador de la Constitución de 499 artículos, enterraría la Carta
constitucional actual, otorgaría amplios derechos sociales y cambiaría el rumbo
económico de un país considerado un modelo de desarrollo en América Latina.
«Chile no va a ser el mismo país», dijo Patricio Navia, politólogo chileno
en la Universidad de Nueva York. «Esto va a ser un cambio drástico».
La versión final será presentada a Gabriel Boric, el nuevo Presidente de
izquierda, en una ceremonia en julio y se votará al respecto en un referéndum
en septiembre.
La Constitución otorgaría a los grupos indígenas autonomía sobre las tierras
ancestrales y les permitiría crear sus propios sistemas de justicia. Las
empresas mineras no serán nacionalizadas, pero la estabilidad a largo plazo
consagrada en la Constitución actual para los mineros extranjeros se elimina
gradualmente en la Constitución propuesta. El banco central seguiría siendo
autónomo.
La nueva Carta requeriría el mismo número de hombres y mujeres en toda agencia
pública. El aborto sería legal. En una cláusula vaga, se otorga a la naturaleza
el derecho de ser protegida, y la Constitución proporciona salvaguardias más
estrictas para los glaciares.
«Vamos a dejar atrás una Constitución que instaló un modelo neoliberal e
iniciar una nueva era social y política», dijo Camila Zárate, miembro de
la asamblea que redactó la Constitución. «Lo que queremos ahora es
establecer nuevas reglas para que esta economía avance con justicia social, con
justicia ecológica».
La redacción de una nueva Constitución ha sido controvertida en Chile. Los
conservadores dicen que sus ideas nunca fueron tomadas en serio en la asamblea.
Los grupos empresariales afirman que sus políticas dañarían los intereses
mineros y forestales que hicieron de este país de 18 millones de habitantes el
más próspero de la región. Los expertos constitucionales también señalan que la
descentralización de las funciones del Gobierno -con los gobiernos regionales
recibiendo el derecho a cobrar impuestos y pedir prestado- podría impulsar la
corrupción, como ha sucedido en otros países latinoamericanos.
A medida que la naturaleza de largo alcance del borrador se hizo evidente para
los chilenos, ha crecido la oposición. La encuestadora Cadem dijo el 22 de mayo
que el 46% de los electores rechazaría la nueva Constitución en el referéndum,
con un 37% aprobándola y un 17% indeciso. Si es rechazada, la Constitución
actual se mantendría en su lugar en una derrota para Boric, quien apoya cambiar
la Carta.
Chile se embarcó en reemplazar su Constitución actual después de que manifestaciones
masivas por una variedad de agravios sociales sacudieron a la nación en el
2019.
Los partidarios de una nueva Constitución dicen que la actual es ilegítima
porque se estableció durante la dictadura militar del General Augusto Pinochet.
Muchos chilenos dan crédito a la Constitución actual, que fue enmendada varias
veces, por sentar las bases para años de sólido crecimiento económico. La
pobreza cayó del 40% al 10% en 1990, cuando Chile volvió a la democracia, ya
que fuertes protecciones a la propiedad privada atrajeron a inversionistas
extranjeros.
La redacción de una nueva Constitución ha avivado la incertidumbre respecto al
futuro de las reglas fundamentales para gobernar la nación, llevando a empresas
como la minera estadounidense Freeport-McMoRan Inc. a suspender sus
inversiones. Eso se suma a los riesgos para una economía que enfrenta una
recesión este año, indican los analistas, con la inflación disparándose al 10%.
Algunos chilenos mantienen la esperanza de que la nueva Constitución creará una
sociedad más justa en un país que lidia con la desigualdad. Juan de Dios
Paillafil, miembro de la comunidad indígena mapuche y Alcalde de un pequeño
pueblo, destacó que fortalecería los derechos de los grupos nativos
históricamente marginados que han batallado para recuperar el control de
tierras ancestrales.
El nuevo Gobierno de Boric destaca que la nueva Constitución sería beneficiosa
en un país donde una encuesta de Latinobarómetro, con sede en Santiago, mostró
que la confianza en el Gobierno cayó del 65% en el 2009 al 18% en el 2020.
Mario Marcel, el Ministro de Finanzas, señaló que espera que las preocupaciones
de los inversionistas disminuyan debido a que la asamblea rechazó las
propuestas económicas más radicales, como la nacionalización de la industria
minera.
Sin embargo, otros economistas dicen que la Constitución podría desalentar las
inversiones privadas, incluso en la minería, donde la Carta actual brinda
fuertes protecciones legales a las empresas que se espera que enfrenten una
supervisión ambiental más estricta. Las comunidades indígenas tendrían más voz
y voto sobre los proyectos de inversión cerca de sus tierras.
El Senado sería reemplazado por una cámara más débil que representaría el
interior de Chile, mientras que una cámara baja del Congreso más fuerte podría
legislar sobre el gasto público, que actualmente es función del Presidente. Los
derechos a la vivienda, la atención médica y la educación en la nueva
Constitución impulsarían el gasto, generando preocupaciones sobre la disciplina
fiscal de muchos años de Chile, dijo Sergio Urzúa, economista chileno en la
Universidad de Maryland.
William Snead, estratega de renta fija de BBVA en Nueva York, mencionó que la
nueva Constitución corre el riesgo de debilitar la independencia del banco
central a través de una disposición que permite al Congreso despedir a los
directores del banco. La Carta resultaría en impuestos más altos que podrían
afectar las inversiones privadas, agregó Snead.
«Eso podría conducir a una economía menos competitiva en general»,
consideró. «Implementar todos estos programas tiene un costo».
Aunque los inversionistas estiman que Chile mantendría su estatus de grado de
inversión, su calificación probablemente bajaría, lo que resultaría en mayores
costos de endeudamiento para la nación. El sistema privado de pensiones, una
importante fuente de financiamiento para las empresas, pero criticado por
muchos jubilados por sus bajos pagos, se debilitaría significativamente con la
creación de un fondo público de pensiones.
«La gente tenderá a elegir el sistema público o administrado por el
Gobierno», señaló Edgardo Sternberg, vicepresidente y gerente de cartera
de deuda de mercados emergentes en Loomis Sayles, con sede en Boston. Eso,
dijo, probablemente significaría «una muerte lenta del sistema
privado».
