Con un cúmulo de
denuncias penales en su contra, Jaime Bonilla, quien fue Gobernador de Baja
California por dos años (del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021)
se reincorpora al Senado de la República.
«Me dirijo a usted para hacerle conocer mi determinación de reincorporarme
a partir de esta fecha a las actividades legislativas que me corresponden como
Senador de la República electo para la LXIV y LXV Legislaturas del Congreso de
la Unión», expuso en una carta enviada a la presidenta de la Mesa
Directiva, Olga Sánchez Cordero, y fechada el 25 de marzo.
Sin embargo, sobre el ex Mandatario pesan una serie de acusaciones por lavado
de dinero, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, falsedad y un
peculado hasta por 12 mil millones, reportados durante su Administración
estatal.
Una primera denuncia contra Bonilla y unos cinco colaboradores fue presentada
el 1 de noviembre de 2021 ante la Fiscalía General de la República (FGR) por
cobrar derechos de agua a presuntos deudores, para lo cual fue contratada una
empresa privada que acumuló los recursos cobrados de forma ilícita.
Se señaló que en algunos casos, la operación fue inversa: a las empresas les
fueron cortados los servicios de agua y/o drenaje y, al hacerse el reclamo del
particular al organismo operador sobre la causa de corte, se les exigía pagar
un adeudo inexistente.
«Para lograr su propósito delictivo, los servidores públicos denunciados
contrataron a una empresa privada, presuntamente denominada como Fisamex, por
conducto de un presunto Ingeniero de nombre Manuel García Soto, derivándole
presuntamente, como beneficio el pago del 20 por ciento de lo cobrado bajo el
mecanismo descrito, lo cual torna dichos recursos en un origen ilícito»,
se estableció
En los delitos están involucrados al menos siete ex funcionarios identificados
como Salomón Faz Apodaca, Vicenta Espinoza Martínez, Sergio Antonio Rosete
Weben, Juan Pablo Guerrero Mercado, Eliel Alejandro Vargas Pulido, entre otros,
así como la empresa Fisamex y su apoderado Manuel García Soto.
Aparte, a inicios de marzo el Gobierno de Baja California, encabezado por la
morenista María del Pilar Ávila, denunció a Bonilla ante la Fiscalía del Estado
por un peculado por casi 12 mil millones de pesos, por fallido proyecto de
energía de Next Energy, en Mexicali.
En esta denuncia figuran al menos siete ex funcionarios de áreas como la
Secretaría de Hacienda, la Comisión de Energía y la Comisión Estatal del Agua,
entre otras, así como seis entes privados.
Se presumen en ese expediente delitos de abuso de autoridad, peculado, peculado
impropio, uso ilícito de atribuciones y facultades, coalición de servidores
públicos, así como ejercicio ilícito del servicio público y falsedad ante las
autoridades.
Bonilla citó a todo su Gabinete el pasado 15 de junio de 2021, para colocar la
primera piedra del proyecto, en la periferia de la capital, rumbo a San Felipe,
al noreste, desde entonces no hay avance de obra, ni técnica ni física.
Tanto actual el Secretario de Hacienda del Estado, Marco Moreno Mexía, como el
Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Juan José Pon Méndez, calificaron
al contrato firmado por la Administración de Bonilla como «bizarro» y
«leonino».
«El contrato tiene un mecanismo que establece un seguimiento a la
inversión a través de unos llamados certificados de inversión, el Estado no
tiene posibilidad de ejercer ningún mecanismo de supervisión, sino que lo hace
un asesor contratado por la empresa que determina el avance, y en relación a
eso se va generando una responsabilidad de pago», explicó Moreno Mexía.
«Cuestionamos esos certificados de inversión desde el proceso de
transición, porque respondían a un eventual compromiso de 2 mil millones de
pesos, (pero) se nos ocultó que se firmaron otros hasta por 6 mil 500 millones
de pesos», detalló.