Ante los riesgos de afectación que representa para
consumidores y empresas la Reforma Eléctrica del
presidente Andrés Manuel López Obrador, el Pleno de la Comisión Federal de
Competencia Económica (Cofece) recomendó al Congreso de la
Unión no aprobar la iniciativa con proyecto de decreto.
Al respecto, reiteró la importancia para México de
mantener y consolidar un modelo eléctrico basado en la competencia, que además
esté acompañado por los elementos de regulación necesarios que permitan
salvaguardar el interés público.
“La Iniciativa contempla la cancelación de todos
los permisos de generación y contratos de compraventa de electricidad vigentes
con el sector privado, lo que necesariamente se traduciría en una restricción
de la oferta, inutilización de activos y en mayores desincentivos a la
inversión”, apuntó.
Así mismo, advirtió que la iniciativa renuncia al
modelo de competencia en la generación y suministro de electricidad, debido a
que los sustituye por un modelo industrial que está integrado y operado por un
monopolio estatal (CFE) que no está regulado.
En este sentido, la Comisión recordó que dicho
modelo vertical ha sido abandonado por muchos países debido a su ineficiencia e
incapacidad para atender la demanda, los altos costos, así como el impacto
negativo que trae en las finanzas públicas.
Entre otras cosas, el modelo que propone López
Obrador también representa un retroceso en contra del bienestar social, pues
aprobarlo implica que solo exista un único comprador de electricidad y que a la
CFE se le trasladen indebidamente las tareas regulatorias de política pública,
incluyendo el control y la planeación del sistema eléctrico y el
establecimiento de las tarifas de luz.
“Más aún, en la propuesta no se advierten
mecanismos para asegurar que la electricidad generada (tanto por la CFE y, en
su caso, por privados) y despachada en el sistema sea la menos costosa”,
indicó.
La Reforma Eléctrica de la 4T retrasaría la salida
del mercado de las centrales de generación más viejas, contaminantes e
ineficientes, además de desincentivar las instalaciones de nuevos proyectos con
tecnologías más eficientes y amigables con el medio ambiente.
No obstante, se elevarían las tarifas de
electricidad que afectaría el bienestar de los consumidores y la posición
competitiva de las empresas, o bien podría existir un funcionamiento
ineficiente de este servicio público.
“La iniciativa no contribuye a ese propósito, entre
otras cosas, por renunciar a la competencia y a una regulación que proteja el
funcionamiento eficiente de los mercados”, sentenció Cofece
