En una tarde reciente, cuando siete migrantes recién llegados
fueron liberados de la custodia del Gobierno y quedaron sin ningún lugar donde
pasar la noche, un refugio de emergencia en San Benito, Texas, envió a un
voluntario para que hiciera su quinta recogida del día desde la cercana
Brownsville.
El refugio, La Posada Providencia, tenía comida caliente
esperando y fideos de ramen para más tarde por si los migrantes aún tenían
hambre. Varios de los hombres, que habían venido de Cuba y Nicaragua, se
desplomaron rápidamente en catres con sábanas y almohadas limpias.
A la mañana siguiente, el voluntario los llevaría temprano al aeropuerto y
luego continuarían su viaje hacia el norte.
Mientras Estados Unidos experimenta la mayor ola de migración en su frontera
suroeste en décadas, la Administración Biden depende cada vez más de red
informal de refugios y otras estaciones de paso para albergar y alimentar a los
migrantes a quienes se les permite quedarse de manera temporal.
Muchos de los indocumentados son solicitantes de asilo y en los refugios se les
ayuda a organizar sus viajes desde las comunidades fronterizas hasta donde
planeen esperar, quizá por años, para sus procedimientos judiciales de
inmigración.
Desde que el Presidente Joe Biden asumió el cargo en enero de 2021 hasta abril
pasado, el Gobierno ha admitido alrededor de una cuarta parte de los migrantes
detenidos en la frontera suroeste por ingresar ilegalmente al país, o alrededor
de 700 mil de entre 2.7 millones, según un análisis de datos federales. El
resto han sido expulsados rápidamente bajo una orden de emergencia de salud
pública relacionada con la pandemia, conocida como Título 42, o devueltos bajo
otra autoridad legal. El viernes, un juez federal ordenó que la regla, que se
suponía que se levantaría el lunes, se mantuviera vigente. La Administración
Biden dijo que apelaría.
Sin embargo, muchos de los miles de migrantes que cruzan cada día ya están
siendo admitidos: del récord de 234 mil 88 migrantes que llegaron en abril,
casi la mitad fueron liberados en el país por diversas razones, incluidas
excepciones humanitarias al Título 42 y espacio de detención insuficiente.
En algunos casos, el Gobierno no puede expulsar a las personas -cubanos y
venezolanos, por ejemplo- porque no tiene relaciones diplomáticas con el país
de origen.
Debido a que Estados Unidos encara alrededor de 8 mil 200 cruces fronterizos
podía, la Administración Biden está dependiendo de pequeñas organizaciones sin
fines de lucro como La Posada Providencia para gestionar la afluencia en las
ciudades y pueblos fronterizos, lo que ha ayudado a evitar imágenes de caos que
afecten a los demócratas antes de las elecciones intermedias de noviembre.
Sin embargo, algunos de los refugios se están abrumando. En El Paso, están
cruzando tantos migrantes que un albergue está trabajando con las autoridades
de la ciudad para traer rápidamente más personal y agregar espacio. Otro refugio
en Eagle Pass también está alcanzando su límite de capacidad y está buscando
formas de sacar a los inmigrantes de la ciudad más rápido.
«Vas a ver a muchas, muchas personas que tendrán que ser liberadas a la
calle», advirtió Rubén García, director del refugio de El Paso, durante
una conferencia de prensa la semana pasada.
Ya sea que brinden comida, un lugar para refrescarse o dormir, orientación
legal, atención médica, transporte o ayuda para determinar cómo llegar a un
destino, estos refugios y centros, que a veces trabajan con funcionarios
estatales y locales, llenan un vacío en el obsoleto sistema de inmigración del
país.
La Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE,
en inglés) han confiado informalmente en esos lugares durante años. Pero la
Administración de Biden, que enfrenta una presión significativa para demostrar
que estaba preparada para el fin de la orden de salud pública, recientemente
los convirtió en una pieza central de su plan de respuesta. Por primera vez, el
Gobierno federal incluyó una modesta financiación de 150 millones de dólares
para las organizaciones en su solicitud de presupuesto anual.
No obstante, está muy lejos de la relación formal que tiene el Gobierno con
nueve agencias de reasentamiento que contrata para brindar una variedad de
servicios a los refugiados, como los que vinieron de Afganistán durante el año
pasado y los que llegan ahora de Ucrania.
Durante años, las personas que cruzaban la frontera suroeste sin documentos
eran en su mayoría hombres mexicanos solteros. Eso comenzó a cambiar en 2011 y
cambió aún más en 2014, cuando personas de otros países centroamericanos,
incluidas familias enteras, comenzaron a huir de la violencia en la región.
En ese momento, la Iglesia Católica del Sagrado Corazón en McAllen, Texas,
acogió a cientos de familias migrantes que cruzaron cerca del extremo sur del
estado. Ahí, los migrantes recibían atención médica, refugio y suministros para
ayudarlos a superar las horas de viaje que les esperaban en el camino a sus
destinos.
Antes de que la iglesia interviniera, los migrantes simplemente eran dejados en
la estación de autobuses local después de que los oficiales de la Patrulla
Fronteriza los liberaran.
Pero a medida que más familias cruzaban, la iglesia se vio abrumada. Entonces,
voluntarios llamaron a la hermana Norma Pimentel, directora ejecutiva de la
sucursal de Caridades Católicas en el Valle del Río Grande. Desde entonces,
Pimentel ha dirigido un refugio y un centro de ayuda que puede albergar a mil
200 personas en el centro de McAllen, justo al otro lado de la calle de la
estación de autobuses.
Por lo general, los migrantes que pasan por los centros ya tienen contactos en
Estados Unidos y planes para unirse a ellos. A menudo parten a las pocas horas
de ser liberados por la Patrulla Fronteriza. En muchos de los centros, los
empleados y voluntarios llaman a los familiares o amigos de los migrantes para
confirmar sus planes y ayudarlos a comprar un boleto de autobús o avión, que
generalmente es pagado por los propios migrantes o sus contactos.
Muchos indocumentados toman autobuses desde los pueblos fronterizos hasta las
ciudades con aeropuertos principales y luego vuelan a sus destinos,
generalmente Houston, Miami, Chicago, Filadelfia, Nueva York, Washington o Los
Ángeles.
Recientemente, sin embargo, están llegando más migrantes sin planes ni
contactos en Estados Unidos. Ante tales circunstancias, los refugios quedan
abrumados.
La liberación de cientos de miles de migrantes en el país durante el último año
no es el resultado de una política migratoria claramente definida sino que es,
en muchos casos, consecuencia de la incapacidad del Gobierno para expulsarlos
por diversas razones, según los directores de refugios.
Y a menos que se cambien las leyes de inmigración obsoletas, esta tendencia
seguirá. Y si sigue tal como ahora, los refugios y los centros de descanso
necesitarán mucho más apoyo del Gobierno.
«Es una solución temporal. No debería ser así como apoyamos a las
organizaciones que hacen esto», dijo Marisa Limón Garza, directora del
Hope Border Institute, una organización de derechos humanos en El Paso.