Tijuana, B.C., 22 de mayo 2023.- El diputado Miguel Peña Chávez presentó
ante el Congreso del Estado una iniciativa para adicionar una fracción al
artículo 219 del Código Penal de Baja California, con el objetivo de que
aquellas instituciones educativas que no cuenten con validez oficial sean
objeto de mayores sanciones.
Al señalar los motivos de esta iniciativa, el legislador comentó que las
llamadas escuelas ‘patito’ viven un boom en México y que cada año se revocan en
promedio mil 180 programas de licenciatura, pero aparecen 2 mil más que
generalmente son planes con escasa calidad académica.
Expresó que cuando se intentaba resolver interrogantes sobre las
ventajas y desventajas de la educación pública con respecto a la privada y cómo
generar un modelo educativo de calidad, se presentan en nuestro país muchas
instituciones educativas fraudulentas, sin la calidad en la educación, la
validez en sus programas de estudio, los registros y permisos correspondientes
para poder brindar el servicio educativo.
Manifestó que la Ley General de Educación otorga a los prestadores de
servicios educativos particulares (se trate de personas físicas o morales) la
facultad de impartir educación en todos sus tipos y modalidades.
Indicó que para tal propósito, las instituciones educativas particulares
de los niveles: preescolar, primaria, secundaria y normal, deben tramitar y
obtener la autorización del Estado. En el caso de estudios distintos, sea
bachillerato o universitarios y de posgrado, estos pueden obtener el
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, mejor conocido como (RVOE).
Peña Chávez mencionó que un problema relacionado con la falta de RVOE es
el fenómeno de las “escuelas patito”, en el que determinadas instituciones se
acogen a una aparente contradicción que se estipula en el artículo 59 de la Ley
General de Educación.
Refirió que en Baja California recientemente se dio un caso en
particular que afectó alrededor de 400 alumnos del Centro de Asesorías Técnicas
(CEATT), quienes exigen la devolución de su dinero debido a que la escuela no
cuenta con los permisos correspondientes para operar, por lo que los
certificados que expidieron de conclusión de estudios son inválidos ante la
Secretaría de Educación Pública.
Dio a conocer que la propuesta legislativa planteada consiste en que se
sancione por el delito de fraude al prestador de servicios educativos
particulares que a sabiendas de que no tiene autorización o reconocimiento de
validez oficial de estudios conforme a la ley aplicable, manifieste en su
publicidad o documentación tenerlo, no lo manifieste o argumente que se
encuentra en proceso de reconocimiento o autorización.