· En los ejidos el Sargento y la Ventana se establecen en comunidades exclusivas para extranjeros
· Invaden arroyos federales y terrenos ejidales, e incluso comercian con actividades ilegales
· Denuncian violaciones a derechos humanos y son víctimas de maltrato laboral, ante la mirada de la delgada de la PROFEPA delegación BCS
Lugareños mexicanos que habitan en el ejido El Sargento y su anexo La Ventana, han tenido que acudir ante distintas instancias a denunciar reiteradas violaciones a derechos humanos y laborales, pues han sido víctimas de los maltratos de “empleadores” extranjeros, que de forma irregular se han asentado en dicha localidad en complicidad con autoridades locales. Pues, de acuerdo a las denuncias presentadas, la creciente llegada de migrantes estadounidenses a El Sargento y La Ventana, han iniciado una operación ilegal y rapaz de “colonización” en dicha zona, misma operación que pretende establecer comunidades exclusivas para extranjeros estadounidenses en las que no se permitan habitantes mexicanos.
La metodología de la invasión es simple e ilegal por todos lados, y es aplicada en pequeña y gran escala, primero, los estadounidenses generan anuncios online en distintas plataformas y redes sociales de Estados Unidos para promocionar servicios en El Sargento y La Ventana, desde rentas de embarcaciones, coches y motos, tours, clases de kite-surf y buceo, todo cobrado en dólares por medio de la plataforma “Pay Pal”, ofreciéndoles incluso servicios como clases personalizadas, “retiros espirituales”, eventos, competencias, tours y fiestas.
Posteriormente, se les comparten distintas opciones de alojamiento exclusivas para extranjeros, todas también bajo el esquema online de AirBnB o Expedia, dichos inmuebles también son propiedad de extranjeros, obtenidas a través de fideicomisos, empresas y prestanombres; las opciones van desde lujosas mansiones para los más adinerados, hasta remolques a la orilla de la playa; todo desde luego cobrado en dólares en Estados Unidos en distintas plataformas digitales para evadir el pago de impuestos a la Hacienda Mexicana, otros impuestos locales al turismo y derechos de giro al municipio.
En la temporada alta que va de Octubre a Abril de cada año, algunos extranjeros únicamente se alojan por algunos días o un par de semanas, mientras que otros, se establecen de forma ilegal en el país durante toda la temporada alta o más, habiendo ingresado al país con la calidad migratoria de “turista”, sin embargo, la gran mayoría de estos grupos generan “auto empleo” exclusivo para estadounidenses ya estando en territorio nacional. Algunas de las actividades comerciales que han acaparado son las de instructores, guías de turistas, administradores de negocios irregulares, todo fuera del marco legal y en complicidad con las autoridades, asimismo, se sabe que algunos de los extranjeros que invitan y se establecen en las playas de Baja California Sur, con viviendas móviles estilo remolque, invaden arroyos federales y terrenos ejidales, e incluso comercian con actividades ilegales.
Según testimonio de habitantes del Sargento y la Ventana, denuncian que los negocios establecidos por los extranjeros violan los derechos humanos al desplazarlos y discriminarlos de los trabajos que les deberían de corresponder como mexicanos, pues según señalan, estos grupos de extranjeros únicamente emplean a personas mexicanas para trabajos personales y domésticos con salarios que suelen estar muy por debajo del salario mínimo establecido, desde luego, sin las prestaciones de Ley. Es decir, son extranjeros exclusivamente los que operan una industria turística multimillonaria en dólares en territorio mexicano, con la complicidad de autoridades locales, de forma ilegal y totalmente impune.
La participación de las autoridades en este entramado de violaciones a derechos humanos, tratos discriminatorios y daño al medio ambiente, tiene que ver con el no actuar o actuar de forma discrecional, ventajosa y dolosa, según convenga por parte de funcionarios públicos locales; pues la comunidad ha denunciado en reiteradas ocasiones la invasión y daño generado por estadounidenses que construyen mansiones “exclusivas para extranjeros”, incluso impunemente sobre la Zona Federal Marítima.
Dos casos emblemáticos son el de los inmuebles ubicados en el Ejido del Sargento y la Ventana, presuntamente propiedad de ETHAN SERNOFF, General Manager de la conocida compañía O’NEILL, empresa estadounidense dedicada a la comercialización de productos para el Surf, misma que se presenta como una empresa respetuosa con el medio ambiente, pero su director actúa muy distinto; ya que de acuerdo a investigaciones recientes, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Delegación Baja California Sur, en un procedimiento signado por la C. Pamela Rojas Silva, le impuso únicamente una “simbólica” multa conmutable por $962,200.00 pesos contra dicho personaje por daños al medio ambiente, al haber construido y haberse apropiado de la Zona Federal Marítimo Terrestre propiedad federal; todo ello sin contar con título de concesión, Autorización en Materia de Impacto Ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para realizar obras y/o actividades inmobiliarias dentro del ecosistema costero y sin contar con las respectivas licencias municipales, sin embargo, en desacato a dicha sanción y multa, el personaje antes mencionado continuó con la construcción de una mansión de aproximadamente 2,250 m2, con tres niveles y cuya barda perimetral de concreto y desagües, se encuentra a escasos 10 metros del mar; la reincidencia en el caso ha sido clara, pues desde 2018 la misma PROFEPA había correctamente ordenado la demolición del inmueble construido sobre propiedad de la Nación.
Sin embargo, la actuación de la Delegación de la PROFEPA en Baja California Sur, deja ver claramente actos de posible corrupción, pues las Leyes en Materia Ambiental establecen que para el cese de los daños al medio ambiente se deberá proceder a la clausura definitiva del predio y la demolición de las estructuras que afecten el ecosistema, aparejado de medidas para la reparación del daño, mismas que serán la imposición de multas y por su puesto la generación de procedimientos penales ante la Fiscalía General de la República, en cambio, en este caso en favor del extranjero, “la Ley simplemente no existió.”
En un caso similar, LUIS ALONSO CASTRO MOYRON pariente del Ex Secretario de Finanzas de Baja California Sur, Isidro Jordán Moyrón, presuntamente incurrió en daños al medio ambiente al incumplir las condiciones y bases bajo las cuales le fue otorgada en 2018 la concesión de una Zona Federal Marítima ubicada en el ejido de El Sargento y su Anexo La Ventana, así como también por apropiarse de dicha Zona Federal Marítima; pues se constató que se construyó una mansión de aproximada 1,050 m2 en dicha zona protegida, cortando y extrayendo con maquinaria pesada partes de un cerro en la zona costera e instalado una barda de concreto de 35 metros a tan solo 5 metros de la marea más alta.
Ante tal situación, la delegación local de la PROFEPA, nuevamente impuso una multa simbólica de $481,100.00, la cual, por ofrecimiento de la misma autoridad y sin facultades para ello, podría ser permutable con la entrega de “equipo de beneficio directo para la protección, preservación o restauración del ambiente y los recursos naturales”; por lo que la PROFEPA concedió ilegalmente que mediante el pago de la multa simbólica o su conmutación, el propietario de dicho inmueble pueda gozar a perpetuidad de la posesión y disfrute de la Zona Federal Marítima, independientemente de que la haya dañado y privatizado.
Por tales razones, los integrantes de la comunidad costera denuncian corrupción y complicidad de la representación de la PROFEPA con los ciudadanos estadounidenses, pues en caso de establecimientos propiedad de habitantes oriundos del ejido, la misma PROFEPA ha ejercido todo el peso de la ley, al multar desproporcionadamente a los lugareños de escasos recursos, así como a obligándolos a demoler sus viviendas o espacios de trabajo, simplemente por no pertenecer a la comunidad de extranjeros.
Por ello, los habitantes de El Sargento y La Ventana denuncian públicamente a la PROFEPA por complicidad en el daño ambiental y la privatización del patrimonio nacional. Así como también, la omisión de autoridades como el Instituto Nacional de Migración (INM) quienes pese a múltiples denuncias, han decidido no iniciar investigaciones, ni sanciones por las actividades comerciales ilegales que realizan libremente estadunidenses que ante la autoridad migratoria se presentan como “turistas”, pero en Baja California Sur, se comportan como dueños y capataces.
