La Asociación de Permisionarios,
Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta
en México (AIEJA), instó a la administración del gobernador de Nuevo León,
Samuel García, a homologar impuestos, luego de que el pasado 05 de mayo dieran
a conocer el “Acuerdo de Facilidad Administrativa”, que reduce el pago de
derechos por las máquinas tragamonedas.
“Durante años hemos tratado de
explicar a las autoridades en turno que, los impuestos en general estrangulan
fiscalmente a la industria y fomentan indirectamente el juego clandestino e
ilegal, al tiempo que inhibe la inversión, por lo que vemos con buenos ojos
esta medida para llegar a un aliento económico”, explicó el presidente de la
AIEJA, Miguel Ángel Ochoa Sánchez.
Por esta razón, desde hace años
representantes de asociaciones gremiales que conforman al 90% de los
Permisionarios de este país, exigen una urgente reforma fiscal, que contemple
un cobro federal único, justo y proporcional, sobre los beneficios reales de
sus empresas, que pueda posteriormente ser redistribuido a las entidades
federativas que tengan casinos en sus territorios.
Cabe señalar que actualmente la
industria casinera es el sector económico que más impuestos paga en términos
proporcionales. Antes de la pandemia, el sector conformado por 384 salas en
operación, contribuía con un poco más de 5 mil millones de pesos anuales a las
arcas de la Federación y otros 2 mil 500 millones a Estados y municipios.
El presidente de la AIEJA aseveró
que hoy día se encuentran a la espera de una mayor claridad respecto a las
reglas y a qué impuestos se refieren. “En principio hablan de un acuerdo de
facilidad administrativa y se refiere a las máquinas. Hay que recordar que en
el caso de Nuevo León se cobra un impuesto que se estableció en 2015 para
entrar en vigor en 2016 del 10% a los jugadores, ese impuesto se incrementó a
partir de este año al 15%, afectando directamente al jugador”.
De acuerdo con el sector, el
ampliar la base gravable, reduciendo el monto de los impuestos actualmente
vigentes, podría ser una de las soluciones inmediatas para que todo el mundo
quede beneficiado, sin violentar en ningún momento, la política del Presidente
López de no otorgar más permisos durante su administración.
Al respecto, los 36 Permisos
vigentes que el Estado mexicano ha otorgado, con distintas vigencias, autorizan
el funcionamiento de 754 casinos, de los cuales, hasta el momento, únicamente
384 se encuentran en operación.
El fomentar la apertura de parte
de las 370 salas de juegos autorizadas más no abiertas, permitirá ampliar la
masa sectorial gravable, atraer nuevas inversiones, duplicar los cerca de 150
mil empleos que en la actualidad ofrece el sector de manera directa e indirecta
y convertirse en una oferta especializada para el turismo de juego
internacional.
Pero para ello, se requiere de un marco jurídico
que pueda ofrecer seguridad a largo plazo para los inversionistas, un mercado
bien regulado que permita un crecimiento ordenado y una política fiscal que
haga que el cliente prefiera jugar en un espacio legal y no optar por el
mercado negro del juego clandestino.