Ante los señalamientos sobre ser
una de las principales responsables de la contaminación del aire del estado, la
Asociación de Extractores de Caliza de Nuevo León (ASEC), destacó su estricta
normativa ambiental y aseguró ser la industria de extracción de caliza más
regulada de todo el país.
Mediante un comunicado, la ASEC
señaló que durante los últimos 5 años ha invertido más de 600 millones de pesos
para cumplir con su estricta normativa ambiental, implementada para controlar y
mitigar las emisiones de polvo, además de reiterar que son el primer sector en
implementarla.
Además, resaltó que las 30
empresas que integran a la ASEC cumplen con la norma ambiental NAE-001-SDS-2017
y están apegadas a la Ley Ambiental de Nuevo León y su respectivo reglamento.
El organismo, explicó que las
plantas cuentan con una zona de amortiguamiento de 2 kilómetros que delimitó el
gobierno, ya que las partículas no viajan a mayor distancia. También aclaró
que, durante la pandemia de COVID-19 las plantas estuvieron detenidas 2 meses,
periodo en el que la contaminación de la metrópoli se disparó a niveles más
altos, por lo que las pedreras no serían el único problema de la mala calidad
del aire.
Por otra parte, enfatizó que las
empresas dedicadas a la extracción de caliza generan más de 150 mil empleos
directos y el 9% de las fuentes de trabajo de Nuevo León está ligado
directamente al sector de la construcción e indirectamente a la industria de la
caliza.
Además, mencionó que las pedreras
de Nuevo León, así como productoras de arena y grava, son indirectamente
fundamentales en la construcción de calles, banquetas, casas, hospitales,
escuelas parques y todo lo que tiene lo que tiene que ver con construcción,
movilidad, infraestructura y mucho más.
“Impuesto verde“
Cabe recordar que el gobernador
Samuel García acusó que las pedreras cobraron el impuesto verde sin haberlo
reportado a la Tesorería, sin embargo, el gremio aseguró que actualmente se
paga un impuesto por la extracción establecido por el Gobierno del Estado y la
repercusión o beneficio de ello son su responsabilidad.
En ese sentido, las empresas
pedreras acusaron ser utilizadas para desviar la atención de los verdaderos
problemas que afectan al estado en la actualidad.
“Las empresas de la industria de
la caliza no han robado ningún impuesto y realizaron el pago en tiempo y forma
de acuerdo a la Ley. El impuesto a la extracción es recaudatorio y con muy poca
claridad sobre las reglas que se establecieron con excepciones administrativas
a discreción y sin un piso parejo para el sector”, aclararon.
