José Yunes Zorrilla*
Durante estos
26 años de trayectoria en política la decisión de no aceptar cargo que no
estuviera cimentado en el respaldo popular a través de las urnas ha sido una
constante. Considero que son los ciudadanos los que dan o quitan, con base en
resultados, aunque en muchos casos la calificación de un proyecto sea producto
más de variables externas que de matices propios del aspirante en cuestión. Sin
embargo, defiendo el postulado de que la gente no se equivoca cuando emite su
decisión en los comicios, más allá del resultado, favorezca o no.
De las
ocasiones en que tuve el honor de participar en legislaturas locales o
federales, cinco entre el Congreso de Veracruz y ambas Cámaras en el Congreso
de la Unión, sólo en dos de ellas el partido en el que milito detentaba alguno
de los niveles de Gobierno con decisión sobre los presupuestos públicos. Es
decir, mi desempeño legislativo en materia de gestión generalmente ha sido
desde la que se denomina oposición. En todas las demás tuve la oportunidad de
generar gestiones exitosas de inversión pública.
No me arrepiento de
haber votado a favor propuestas emitidas por Gobiernos distintos en plataforma
de origen al mío, cuando se me ha demostrado en los hechos que la iniciativa en
cuestión es necesaria para la vida pública, máxime en materia de finanzas. Esto
no ha sucedido hasta ahora en la sexagésimo quinta Legislatura, particularmente
porque las iniciativas en materia de finanzas, por lo que hace al presupuesto
de egresos o las leyes secundarias que rigen la vida económica del sector
público o privado, considero no han sido lo suficientemente revisadas y se
aprueban sin debate alguno al cobijo de una mayoría parlamentaria.
Entre algunas de ellas
considero que haber dotado de facultades extrajudiciales a la Unidad de
Inteligencia Financiera para el bloqueo de cuentas bancarias de particulares,
la de modificar los factores para el cálculo de pago de servicios en materia de
deuda pública por parte de los entes gubernamentales, o la de la cobranza
delegada, representan más una línea de pensamiento afín al sistema en el poder
que a requerimientos claros de una sociedad que observa cómo tras haber
transitado ya más de la mitad de periodo de Gobierno aún hay muchos compromisos
asumidos públicamente sin respuesta.
Restan a partir de hoy
931 días de la administración del gobierno federal, y si bien se han generado
avances en algunos rubros, particularmente de aquellos sectores desprotegidos
que se han visto beneficiados por programas asistenciales que palían sus
carencias, hay sectores como el de salud en el que no hay un horizonte claro
para resolver el abasto de medicamentos, implementos y mejorar su servicio.
En el tintero quedó la
política de no incrementar el precio de los energéticos, la saturación de
operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la búsqueda de
fuentes de energía alternativa, la protección de medio ambiente, el respeto a
la libertad de expresión, el gobierno incluyente, el rescate de las seis
refinerías en operaciones, la descentralización gubernamental hacia el resto
del país, la venta del avión presidencial, no gastar más de lo que ingresa la
Hacienda pública, el implementar un programa de fertilizantes adecuado o no
remodelar espacios de oficinas administrativas en aras de la austeridad, esto
por mencionar alguno de los rubros.
La sociedad puede
esperar, sin duda. Es la paciencia y la esperanza la que inyecta ánimo, pero el
tiempo no espera a nada ni a nadie, ese es el problema.
*
Diputado federal. PRI