· Históricamente, niñas, niños y adolescentes han
sido considerados objetos de representación, protección y cuidado por parte de
personas adultas, afirma Elisa Ortega Velázquez
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25 de abril, Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil
Casi tres de
cada cuatro niños de dos a cuatro años -etapa considerada como la primera
infancia- sufren castigos corporales o violencia psicológica con regularidad
por parte de sus padres, cuidadores o tutores; en tanto que una de cada
cinco mujeres y uno de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales
entre los cero y 17 años, según la Organización Mundial de la Salud.
“Estos
altos grados de violencia nos demuestran que la niñez y las juventudes son
poblaciones en condiciones de gran vulnerabilidad, porque por la edad las
personas adultas creen que pueden disponer de ellos como si fueran cosas”,
asegura la coordinadora de la Línea de Investigación Institucional “Promoción y
Protección de los Derechos de la Infancia”, del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM, Elisa Ortega Velázquez.
Con
motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil -que se
conmemora el 25 de abril- la especialista universitaria explica que supone
cualquier forma de abuso o desatención que afecte a niños, niñas y
adolescentes, que son todas las personas menores de 18 años, de acuerdo con el
artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Incluye
maltrato físico, psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia en el
cuidado y explotación comercial que pongan en peligro su salud, desarrollo o
dignidad; en suma, su supervivencia.
El
maltrato infantil, agrega la experta, es un problema mundial con consecuencias
graves para quienes lo sufren y que pueden durar toda la vida; el
adultocentrismo es uno de sus detonantes.
El
adultocentrismo significa que los adultos gozan de privilegios por el solo
hecho de serlo, porque la sociedad y la cultura así lo han definido. Y se torna
común y normaliza pensar que un niño es inferior a un adulto, que es un ser
incompleto e incapaz de pensar, sentir y tomar decisiones, y que su fragilidad,
debilidad y vulnerabilidad, al igual que del joven, se asocian al orden
natural.
“El
paradigma de derechos humanos en materia de niñez implica considerar a niñas,
niños y adolescentes como sujetos de derecho que están en desarrollo y que, por
ende, tienen que contar con todas las medidas de protección que su condición de
personas menores de 18 años requiere por parte de su familia, de la sociedad y
del Estado”, señala.
Sin
embargo, la mirada adultocéntrica se aprende y se sostiene a lo largo de la
historia a través de las instituciones sociales como la familia, escuela,
Iglesia, Estado, etcétera. De esta forma se van construyendo sociedades de este
tipo, en las que la mayor parte del poder se concentra entre los adultos y
donde ser adulto es el fin del desarrollo en sí mismo, asevera.
Considerar
a niños, niñas y adolescentes como objetos de representación, de protección y
cuidado los invisibiliza en el ámbito social y ocasiona que se les nieguen sus
garantías y, además, permite ejercer malos tratos sobre ellos.
“Así
es como se conecta el adultocentrismo con el maltrato infantil: se ha trazado
una grieta intergeneracional entre niños, niñas y adolescentes y los adultos,
con base en el poder. El adultocentrismo indica que hay distintas relaciones de
poder entre los diferentes grupos de edad, que son asimétricas y, obviamente, a
favor de las personas adultas; es decir, implica que se ubican en una posición
de superioridad”, añade la doctora en Derecho.
La
edad, como factor de vulnerabilidad, cruza con otros más como el género: las
niñas son más propensas a sufrir abuso sexual y ser víctimas de delitos como la
trata sexual. Las juventudes de la diversidad sexual, por ejemplo, padecen
ostracismo, crímenes de odio por su preferencia sexual e identidad de género.
La
también coordinadora del Seminario Estudios Críticos del Derecho y Migraciones
explica que las consecuencias del maltrato infantil pueden ser diversas y durar
toda la vida. Por ejemplo, los más pequeños pueden adolecer traumatismos
cráneoencefálicos o adquirir alguna discapacidad. Asimismo, hay consecuencias
que se pueden arrastrar a otras etapas de su vida, como estrés postraumático,
ansiedad, depresión, problemas con consumo de alcohol, tabaco, así como
enfermedades de transmisión sexual, entre otras.
Discrepancia
entre ley y realidad
México
cuenta con la normatividad para atender el fenómeno, pero hay problemas para
aterrizarla a la realidad, en políticas públicas a favor de la niñez y las
juventudes, sostiene la especialista.
La
Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes -vigente a partir de
2014- está armonizada con la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el
tratado internacional de derechos humanos más importante en la materia y que
rompe con el paradigma adultocéntrico que ha regido históricamente el
tratamiento de la niñez.
“Ya
no se considera a los niños como objetos de cuidado y protección, sino como
sujetos de derechos que requieren medidas extras de protección por parte del
Estado y de las instituciones sociales para poder ejercer sus derechos humanos.
Esa es la gran diferencia entre el paradigma adultocéntrico y el de derechos
humanos de la niñez”, subraya la investigadora.
Dicha
Ley también parte de este enfoque y establece una protección reforzada para
quienes se encuentran en alguna situación extra de vulnerabilidad, por ejemplo,
en razón de la condición de movilidad, presentar alguna discapacidad o ser
integrantes de pueblos originarios, entre otros.
“En
México se necesitan políticas públicas en favor de la niñez que puedan
realizarse y hacerse efectivas a través de su asignación correspondiente en el
Presupuesto de Egresos de la Federación, porque sin los recursos suficientes
para hacer realidad estos derechos la protección de la niñez se queda solamente
a nivel discursivo y demagógico”, reitera la experta universitaria.
Lamenta
que no exista el presupuesto suficiente para atender de manera cabal e integral
a la niñez y los problemas que la afectan, y cuestiona que no sean prioridad en
las políticas públicas y los presupuestos. “Tal vez porque no votan”, expresa.
Los
derechos de niñas, niños y adolescentes se hacen realidad, en buena medida, a
través de las instituciones. Por ello son necesarios programas como el de las
estancias infantiles, aquéllos que apoyan escuelas de horario extendido o
tiempo completo en las que permanecen seguros mientras sus madres trabajan.
La
también integrante del Sistema Nacional de Investigadores puntualiza que se
requieren recursos para construir los Centros de Asistencia Social, donde se
aloja a niños en contextos de movilidad sin cuidado parental mientras
transcurre su procedimiento administrativo migratorio.
FUENTE: UNAM