Xalapa, Veracruz, 20 de enero de 2023.
– El diputado Bonifacio Castillo Cruz dio a conocer ante el Pleno de la LXVI
Legislatura un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, a efecto que este Congreso
haga un exhorto a la titular del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de
la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, para que tenga a bien
revisar los expedientes de personas indígenas privadas de su libertad que
pudieran haber sido sujetos de una mala praxis.
Dicho exhorto incluiría informar a
esta Honorable Soberanía cuántas mujeres y cuántos hombres de los pueblos y
comunidades indígenas se encuentran privadas de su libertad en los 17 centros
de reclusión del estado, cumpliendo sentencias o se encuentran sujetos a
vinculación a proceso.
También, si en los autos de
vinculación a proceso dictados a personas indígenas fueron asistidos por
defensores que hablaran su lengua materna y si en las sentencias condenatorias
dictadas fueron tomados en cuenta los usos y costumbres, con base en los
artículos 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 84 del Código
Penal del Estado de Veracruz.
Además, a la fecha, cuántas personas
indígenas que compurgan sentencias en los centros de reinserción del estado han
obtenido a través del Juez de Ejecución los beneficios preliberacionales que
contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal.
El representante popular señaló que
se vincula a proceso a personas indígenas violando su derecho constitucional de
ofrecer pruebas, con lo que podrían demostrar o justificar que no cometieron ni
participaron en los hechos constitutivos de delito que se les imputa.
También, añadió, son vinculados a
proceso por diversos delitos sin contar con una defensa adecuada y técnica por
abogados que hablen su lengua materna, lo que les permitiría ofrecer pruebas,
interponer recursos y promover juicio de amparo.
La mayoría de las personas indígenas
en reclusión desconocen que tienen derecho a los beneficios de la preliberación
y sanciones no privativas de la libertad, como son libertad condicionada,
libertad anticipada, sustitución y suspensión temporal de las penas y
preliberación por criterios de política penitenciaria, todos establecidos en la
Ley Nacional de Ejecución Penal, agregó el legislador.
Este anteproyecto fue turnado a la
Junta de Coordinación Política, con la adhesión del Grupo Legislativo de
Morena, de las diputadas Tania María Cruz Mejía, Citlali Medellín Careaga,
Maribel Ramírez Topete, Ruth Callejas Roldán y Ariadna Guadalupe Ángeles
Aguirre y de los diputados José Luis Tehuitle Xocua y Othón Hernández
Candanedo.