Víctor Fuentes
Agencia Reforma
Ciudad de México 28 enero 2024.- La multinacional francesa Air Liquide promovió una demanda de amparo para impugnar la expropiación de la planta de hidrógeno de la refinería de Tula, decretada el 29 de diciembre por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El amparo fue presentado el 18 de enero ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en Monterrey, que se declaró incompetente y lo envió a la jueza Tercera Especializada en Competencia Económica en la Ciudad de México, Laura Gutiérrez de Velasco, quien aún no resuelve sobre la admisión a trámite.
Está por verse si la empresa solicitó una suspensión del decreto, que difícilmente podría ser otorgada, pues el Ejecutivo utilizó la figura legal de ocupación temporal inmediata, es decir, la planta ya está bajo control de Pemex y sólo podría regresar a Air Liquide si gana el juicio, lo que tomará más de un año.
De los registros del Consejo de la Judicatura Federal, se aprecia que la empresa está cuestionando la constitucionalidad de la Ley de Expropiación, así como el decreto Presidencial en su totalidad.
En 2017, la filial mexicana de Air Liquide pagó 52.7 millones de dólares a Pemex por la planta, que ocupa un terreno de 6 mil 451 metros cuadrados en la refinería.
Para justificar la expropiación en favor de Pemex, el Gobierno sostuvo que en México no existe un mercado independiente de hidrógeno, que es un insumo indispensable para eliminar el azufre del del diésel y las gasolinas.
El 3 de enero, Air Liquide informó que «estaba contactando activamente a las autoridades para obtener claridad sobre la situación», y que analizaba sus opciones.
Air Liquide tiene derecho a una indemnización a valor de mercado, cuyo monto corresponde fijar al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), pero la presentación del amparo indica que la empresa no acepta, por ahora, que se le prive de su propiedad.
