No pasó ni un día entero de que
aprobaron la despenalización del aborto en la Ciudad de México y en el estado
de Guanajuato el panismo ya tenía listo el contrahechizo: una iniciativa para
respetar la vida desde la concepción.
El 25 de abril de 2007 la
Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal aprobó reformas para
despenalizar en la Ciudad de México el aborto durante las primeras 12 semanas
de gestación.
Justo un día después los
diputados del PAN en Guanajuato presentaron una iniciativa para establecer en
la Constitución Política para el Estado de Guanajuato como persona a todo ser
humano desde su concepción.
La propuesta consistía en
adicionar un párrafo al artículo primero de la Constitución Política para el
Estado de Guanajuato, que hoy en día dice lo siguiente:
“Para los efectos de esta
Constitución y de las leyes que de ella emanen, persona es todo ser humano
desde su concepción hasta su muerte natural. El Estado le garantizará el pleno
goce y ejercicio de todos sus derechos”.
Para presentar la iniciativa
argumentaron que el derecho a la vida es un derecho natural, por lo que debe
ser respetado, garantizado y protegido por el Estado.
La propuesta no fue aprobada sino
hasta dos años después. El 26 de mayo de 2009, la mayoría del Congreso del
estado de Guanajuato votó a favor de los cambios a la Constitución local.
De esta manera la discusión sobre
la regulación de la interrupción del embarazo no tendría lugar en el Poder
Legislativo. No habría forma de refutar que la vida comienza en el vientre.
Soy libre porque soy inocente: historias
de criminalización
Entre el año 2002 y 2010, nueve
mujeres purgaban penas de hasta 30 años de prisión, acusadas de homicidio en
razón de parentesco después de haber tenido abortos espontáneos.
Estos casos habían pasado
desapercibidos hasta que un grupo de mujeres activistas dieron con ellos y
notaron algo raro en los expedientes: ¡historias de interrupción involuntaria
del embarazo juzgados como asesinatos!
La mayoría de las acusadas eran
personas de escasos recursos, algunas de ellas fueron víctimas de violación e
incluso había un caso en que la persona no se había dado cuenta de su embarazo,
según narró en su momento.
La noticia llegó a los ojos de la
prensa nacional e internacional y comenzó la presión social.
Durante meses, la asociación
civil Las Libres estuvo acompañando a siete de las nueve mujeres que se
encontraban en prisión.
El 20 de agosto de 2010, Juan
Manuel Oliva, gobernador de Guanajuato, envió una iniciativa al Congreso local,
para reformar el Código Penal del estado y disminuir las penas por homicidio en
razón de parentesco.
Para el día 31 de agosto de ese
mismo año, el Congreso del Estado de Guanajuato aprobó la iniciativa de reforma
para que el castigo máximo por homicidio en razón de parentesco pasara de 35 a
8 años de prisión.
“Soy libre porque soy inocente”
El 7 de septiembre entró en vigor
la reforma aprobada. Ese mismo día la prensa esperaba afuera del penal de
Puentecillas de Guanajuato capital, en donde se encontraban algunas de las
mujeres presas.
En un testimonio del documental
“Las libres. Una historia después de…” (Gustavo Montaña, 2010), Susana Dueñas
recuerda el momento en que le notificaron que sería libre.
“Estaban todas nuestras familias
afuera, estaban Las Libres. A nosotros nos obligaron a subir a unas camionetas
blancas para traernos a nuestro domicilio. Pero la única que no se subió fue
Yolanda Martínez”.
En el mismo filme, Yolanda
Martínez continúa el relato y lo remata con una sonrisa en el rostro:
“Me decían: ‘Yolanda, tu familia
no quiere entrar al Cereso’. Y les dije que yo quería salir caminando, quería
verlos. La emoción era contradictoria porque yo decía ‘voy a ver a mi familia’.
Algo me decía: ‘tienes que hacerlo y pude hacerlo’”.
En ese momento, los barrotes
anaranjados del Centro de Readaptación Social se abrieron de par en par con una
estampida de cámaras, micrófonos y reporteros.
Solamente dijo dos frases a los
medios de comunicación:
“Soy libre porque soy inocente”.
El primer paso fue de la Corte;
faltan los congresos locales
Justo 11 años después de la
liberación de las guanajuatenses que fueron sentenciadas por abortos
espontáneos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo
histórico para la no criminalización de las mujeres que decidan interrumpir el embarazo.
El 7 de septiembre de 2021, la
Corte invalidó, por unanimidad de votos, la legislación del estado de Coahuila
que impone de uno a tres años de prisión a la mujer que voluntariamente se
practique un aborto o a quien le asistiera en el proceso.
“El Estado no puede
criminalizarlas y no solo eso, sino que tiene que otorgar todas las facilidades
para que el aborto se pueda dar de manera segura y de forma igualitaria. Creo
que esta norma es estigmatizante para las mujeres y para las personas gestantes.
Es discriminatoria y sí me parece delicado e incongruente que se deje vigente”,
dijo Arturo Zaldívar en una entrevista para Noticieros Televisa.
Este fallo únicamente obliga a
dicha entidad a realizar modificaciones en su Código Penal. Sin embargo, las resoluciones
para la no criminalización tienen impacto en todo el país, por lo que ninguna
mujer en México podría ir a la cárcel por ese motivo.
“Nosotros no hicimos un debate,
ni es nuestro papel sobre cuestiones de moralidad o de creencias religiosas. Simplemente
analizamos si es lícito constitucionalmente por interrumpir su embarazo”,
explicó Zaldívar.
¿Qué pasa en Guanajuato?
Actualmente el Código Penal del
estado de Guanajuato en su artículo 158 define al aborto como “la muerte
provocada del producto de la concepción en la mujer en cualquier momento de la
preñez”.
Aunque no existen juicios por
aborto en el estado, aún hay carpetas de investigación abiertas por parte de la
Fiscalía General del Estado. Durante todo 2021 se abrieron 19 expedientes.
Verónica Cruz, directora de Las
Libres, explica que, con el fallo de la Corte, no dejarán de existir
investigaciones porque, en algunos casos, los presuntos responsables no son
propiamente quienes están embarazadas.
El artículo 161 del Código Penal
para el Estado de Guanajuato establece como culpable de aborto a quien lo
provoque sin consentimiento de la mujer, con penas de cuatro a ocho años de
cárcel.
Sin embargo, en caso de existir
una en contra de una mujer que decidió interrumpir su embarazo, esta tendría
que ser archivada de inmediato, pues de otra manera habría una omisión a la
SCJN.
No obstante, para la maestra de
derecho en la Ibero León, aún queda un largo camino que recorrer para que en el
estado de Guanajuato se respete el derecho de las mujeres a abortar.
“Lo que se constituye no es el
reconocimiento del derecho a la interrupción del embarazo, sino centrar la
discusión sobre si el hecho de penalizar a las mujeres por interrumpir sus
embarazos, no concreta una forma más de violación de sus derechos”.
Además de resaltar que el
Congreso del estado de Guanajuato está prácticamente obligado a armonizar la
ley y eliminar los castigos penales, también resalta la necesidad de modificar
la Ley de Salud estatal.
“Lo que nos falta desde una
perspectiva de los derechos de las mujeres, es la vuelta de tuerca donde la Ley
de Salud y las políticas públicas, incluyan en los servicios ofertados, sin
ningún obstáculo, el acceso a la interrupción de los embarazos con los límites
que marcó la propia Corte”.
Médicos objetores: “nosotros
defendemos la vida”
María del Socorro Heredia Borja
es ginecóloga con especialidad en materno fetal. Desde su posición en el sector
salud se dice convencida a favor de que los médicos defiendan la vida mediante
la objeción de conciencia y a toda costa.
Forma parte de la red de Médicos
Objetores de Conciencia de Guanajuato y revela que, a lo largo de su carrera,
han sido varias las ocasiones en que ha recurrido a esta figura legal para
negarse a practicar un aborto, incluso cuando el producto viene con
malformaciones que lo ponen en riesgo.
“Cuando un feto, que es un
persona, tiene alguna serie de malformaciones que son incompatibles con la
vida, entonces yo les expongo que ese feto va a morir sin que nosotros tengamos
que asesinarlo, que es la evolución natural. La mayoría de los pacientes lo
entienden y llevan su embarazo hasta donde el feto ya no tiene vida”.
¿Qué es la objeción de
conciencia?
El artículo 10 bis de la Ley
General de Salud Federal establece que “el personal médico y de enfermería, que
forme parte del Sistema Nacional de Salud, podrán ejercer la objeción de
conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios establecidos
en la ley”.
Refiere también que cuando se
ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica no podrá
invocarse la objeción de conciencia, pues de lo contrario podrían incurrir en
una responsabilidad profesional.
“Es un derecho que los médicos
tenemos y que está avalado también por un artículo constitucional, que es el
artículo 24, que dice que toda persona tiene derecho a la libertad de
convicciones de conciencia y de religión…queda enmarcado dentro de este
artículo que nos permite a nosotros defender nuestra postura”, expone María del
Socorro.
Lo que dice la Corte
Casi dos semanas después del
fallo para no criminalizar a las mujeres que recurran al aborto, la Suprema
Corte de la Justicia de la Nación invalidó el artículo 10 bis de la Ley General
de Salud Federal tal y como se encuentra redactado.
“De nada sirve que, con una mano,
reconozcamos el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo, si con la
otra damos pie a que este derecho se les cercene, se les quite”, argumentó
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la SCJN aquel 22 de octubre de
2021.
Para la integrante de la red de
Médicos Objetores del estado de Guanajuato, esta determinación violaría los
derechos de los profesionales de la salud, motivo por el que ella y sus colegas
han manifestado su rechazo a este fallo.
Sin embargo, el propio presidente
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha explicado que esta resolución
no priva a los médicos de ejercer su derecho a no practicar un aborto. Pero sí
deben establecerse criterios para que se equilibre el derecho a la objeción de
conciencia con el de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
Esto lo dijo en rueda de prensa
realizada el 6 de octubre en donde también precisó que, entre los lineamientos
que ha establecido la Corte, piden que las instituciones del Sistema Nacional
de Salud, cuenten con personal “no objetante” que puedan llevar a cabo este
procedimiento cuando sea requerido.
La postura de la SSG
Daniel Díaz Martínez, secretario
de Salud de Guanajuato, considera que es necesario tomar en cuenta la opinión
de los profesionales de la salud. Incluso refiere que, desde esta parte del país,
se realiza una revisión jurídica en torno a este tema.
“Se está haciendo una revisión
jurídica, nosotros siempre hemos practicado una política de puertas abiertas,
de respetar el derecho a la salud, los derechos humanos y bajo ese sentido
seguiremos dirigiendo. Hay que esperar los detalles de esta resolución y hemos
estado participando en algunos foros escuchando la opinión de los médicos que
también tienen derecho a ser escuchados”.
Combatir la criminalización
social, la misión de las redes de acompañamiento
Las redes de acompañamiento para
la interrupción del embarazo han surgido como alternativa ante la falta de
regulación en la mayoría de los estados de la República en donde el sistema de
salud pública no ofrece las facilidades para quienes requieran este
procedimiento.
Nallely Tello estudio
licenciatura en filosofía y letras. Hace más de cinco años que nació su
inquietud por acompañar a aquellas personas gestantes. Antes de iniciar la red
de León, Guanajuato, tomó capacitaciones para conocer el procedimiento durante
más de un año.
“Tuve la oportunidad de estar en
varias capitaciones con médicas, con médicos, con enfermeras, con trabajadoras
sociales, con psicólogas, con filósofas, con abogadas, después de varias
capacitaciones y ver a varias compañeras empecé yo”.
El método utilizando por la Red
de Acompañantes de León es el uso del medicamento llamado misoprostol, mismo
que está indicado en el manual de la Organización Mundial de la Salud, titulado
“Aborto sin riesgos: guía técnica y de políticas para sistemas de salud”.
De acuerdo con las tiendas en
línea de algunas farmacias en México, el costo de este medicamento oscila entre
los 400 y 500 pesos una caja con 28 tabletas. Según lo detalla el manual, este
puede ser administrado vía oral, sublingual o vaginal.
En medio del debate por la
despenalización del aborto, Nallely Tello considera que las redes de
acompañamiento juegan un papel de vital importancia para apoyar a que las
mujeres puedan interrumpir su embarazo, de manera segura, con este método.
En más de cinco años de
experiencia realizando este tipo de asesorías, ha llegado a la conclusión de
que, incluso con la regulación del aborto, la criminalización no para, toda vez
que considera que el estigma más grande no es penal, sino el que viene de la
sociedad.
“El papel de nosotras como red es
combatir el estigma social del aborto, hablar y llevar el tema del aborto a
todos los espacios que pisemos, hablar de la función del acompañamiento, de la
importancia de tener un acompañante, desmitificar el tema de que el aborto es
un tema que se tiene que llevar a cabo única y exclusivamente en los
hospitales”.
La red de acompañantes de la que
ella forma parte inició con tres personas y ahora son alrededor de 28
compañeras, quienes no dejan de actualizarse y compartir sus conocimientos a
otras personas interesadas en apoyar a quienes desean terminar su embarazo.
“Y luchar contra la
criminalización médica, hay muchas médicas y médicos que quieren abstenerse de
su obligación de la práctica de la salud con las mujeres en el tema de la
objeción de conciencia”.
Hasta el momento no han tenido
ningún problema de tipo legal por acompañar a mujeres. Conforme avanza el tema
de la despenalización del aborto, crece su convencimiento de que las redes son
fundamentales para acabar con la criminalización social. Su apoyo es gratuito,
no piden remuneración.
“Tú tuviste un bebé y lo mataste”
Susana
Expediente: 21/2004
Delito: Homicidio en razón de
parentesco
Fecha: 13 de febrero del año 2004
Lugar: En la comunidad de Santa
Teresa perteneciente al municipio de Guanajuato.
“Tú tuviste un bebé y lo mataste”
fueron las palabras que Susana recordaba más cuando fue entrevistada por un
medio de comunicación al ser liberada. Pasó siete años en el Cereso de
Puentecillas, Guanajuato, acusada de homicidio en razón de parentesco, a sus 20
años.
La madrugada del 7 de febrero
despertó al sentir dolores intensos, similares a los de un parto. Se levantó a
caminar con la esperanza de tranquilizarse. Sintió le necesidad de ir al baño,
sintió que algo se desprendía de su cuerpo y se dio cuenta que lo que acababa
de expulsar era un embrión sin vida.
Lo que ella no sabía es que eso
se trataba de un aborto espontáneo. Durante los dos días siguientes su jefa en
el trabajo la notó agotada y con un estado de salud preocupante, por lo que la
llevó al centro de salud por atención médica.
Fue ahí en donde la trabajadora
social de dicha clínica del Seguro Social dio parte a las autoridades.
Según lo relató a un medio de
comunicación, la hicieron firmar una hoja en blanco, sin saber que ahí
verterían una declaración en donde se declaraba culpable.
Se le dictó auto de formal
prisión por el delito de homicidio en razón de parentesco, toda vez que se
dictaminó asfixia por confinamiento como causal de la muerte. Dentro de la
misma investigación se diagnosticó que Susana presentaba un retraso mental.
Fue sentenciada a 25 años de
prisión en 30 de noviembre de 2004, basándose en los peritajes hechos al
producto como lo fueron la docimasia pulmonar, los testimonios de su madre, su
jefa, el médico que la examinó y la trabajadora social.
Presentaron un recurso de
apelación, cuyo resultado solo fue la ratificación de la sentencia.
Un aborto espontáneo la condenó a
25 años de prisión
Araceli
Expediente: 103/2002
Delito: Homicidio en razón de
parentesco
Fecha de denuncia: 23 de agosto
de 2002
Lugar: Comunidad La Grulla, San
Miguel de Allende, Guanajuato
Tenía 18 años. Araceli se dirigía
a la letrina cuando descubrió que aquello no era diarrea, regresó a su cuarto y
sucedió. Un aborto espontáneo en su propia casa la condenó a 25 años de prisión
aquel 22 de agosto de 2002.
Sintió que algo parecido a una
bolsa grande se le había salido. Sangraba pero siguió hasta su alcoba, tomó
unas tijeras y cortó el cordón umbilical. Se desmayó. Llegaron su mamá y su
hermana y la llevaron al hospital.
Tardaron en atenderla. La
enfermera que la recibió salió con sus familiares para exigirles que le
entregaran el producto. No sabían de qué hablaba porque Araceli ocultaba lo de
su segundo embarazo por temor.
La trabajadora de la salud
insistió en que le entregaran el producto, pues lo de la mujer a la que atendía
no era un accidente, sino un aborto. Ella y sus compañeros del hospital dieron
parte al Ministerio Público.
La denuncia interpuesta fue por
el aborto de un feto en el último trimestre de gestación. Sin embargo fue
procesada por el delito de homicidio en razón de parentesco. La sentenciaron a
25 años de prisión.
Quedó en libertad el 7 de
septiembre de 2010, luego de las reformas al Código Penal, que no reconocían su
inocencia pero lograron sacarlas de la cárcel.
