El
expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández salió
de su casa escoltado por policías y portando un chaleco antibalas, luego de que
un juez ordenara su captura este martes. La noche del lunes, se dio a conocer
que Estados Unidos había solicitado la extradición del político, a quien acusa
de narcotráfico y otros delitos.
Según medios locales, elementos de la
Policía Nacional ingresaron a la vivienda del exmandatario para indicarle
los detalles sobre la orden de aprehensión y su posterior
traslado bajo fuertes medidas de seguridad.
Estados Unidos solicitó la extradición de Hernández por
narcotráfico y uso o posesión de armas de fuego, incluyendo ametralladoras,
mientras el exmandatario dijo que colaboraría con la justicia para responder a
las acusaciones en un proceso que puede durar meses.
Hernández
entregó el poder a fines de enero a la izquierdista Xiomara Castro y fue
incluido en una Lista de Actores Corruptos y
Antidemocráticos elaborada por Washington el año pasado
que fue desclasificada la semana pasada.
Según un documento de la embajada estadounidense en
Honduras al que Reuters tuvo acceso, al exmandatario se le acusa de conspirar
para fabricar y exportar drogas al país norteamericano y de usar o portar armas
de fuego, o instigar a que grupos criminales las utilicen.
El documento detalla que Hernández está
sujeto a una acusación emitida el 27 de enero por un
tribunal de distrito de Nueva York.
Las
imputaciones al gobernante están basadas, en su mayoría, en declaraciones
de narcotraficantes juzgados en la nación norteamericana.
Hernández las ha negado en el pasado y el martes temprano dijo estar dispuesto
a responder ante la ley.
“La policía nacional, a través de mis
apoderados, ha recibido ya el mensaje de que estoy presto y listo para
colaborar (…) para poder enfrentar esta situación“,
afirmó el exmandatario en un mensaje de audio transmitido a través de su cuenta
de Twitter.
Hernández, de 53 años de edad, fue
señalado por narcotraficantes de haber recibido sobornos antes
de llegar al poder a cambio de contratos gubernamentales y protección contra
posibles capturas y extradiciones a Estados Unidos.
“No es un momento fácil, a nadie se lo
deseo”, agregó el exgobernante. Hernández se encontraba en su residencia
de la capital que, desde la noche del lunes, estaba rodeada por la policía.
En un comunicado, su equipo de defensa
legal dijo que no “aprecia la necesidad” de librar una orden de arresto o captura
preventiva contra Hernández, toda vez que ha hecho pública
su voluntad de someterse voluntariamente al proceso de extradición.
