Cd. de México 19 julio 2022.- Residentes de Quintana Roo denunciaron ante el juez federal Adrián Novelo la violación a la suspensión
definitiva que prohibe que se ejecuten obras del Tramo 5 Sur del Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum.
Los promoventes del amparo 884/2022, único donde se ha concedido una suspensión
definitiva, presentaron este lunes un incidente por defecto en el cumplimiento
a dicha medida, luego de que el Gobierno reanudó los trabajos.
«Requiérase a las autoridades responsables de este asunto, para que dentro
del término de tres días contados a partir de que surta efectos la
notificación, rinda su correspondiente informe con relación a la denuncia por
exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva», ordenó
hoy Novelo, juez Primero de Distrito en Yucatán, quien acaba de
regresar de su periodo vacacional.
Las autoridades responsables en el amparo son Fonatur, la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Novelo agendó una audiencia el 1 de agosto para
resolver si la suspensión fue desacatada.
La Ley de Amparo prevé tres a nueve años de prisión e
inhabilitación para funcionarios que «no obedezcan un auto de suspensión
debidamente notificado», pero si el juez determina que la suspensión no
fue acatada, corresponde a la Fiscalía General de la
República (FGR) investigar los hechos.
El Gobierno informó ayer que el Tren Maya fue declarado un proyecto de seguridad nacional, transfirió la supervisión de las obras
a las secretarías de Gobernación (Segob) y Seguridad
Pública y Ciudadana (SSCP), y consideró que eso basta para
reanudarlas, aún sin autorización del juez.
La transferencia del proyecto a otras secretarías podría servir al Gobierno
para argumentar que no se violó la suspensión, porque la SSPC y Segob no fueron
notificadas directamente de la orden judicial.
Pero las declaratorias de seguridad nacional no están previstas en la Ley de Amparo como causa para negar o revocar una
suspensión. Las suspensiones solo están prohibidas cuando afecten órdenes al
interior de las Fuerzas Armadas para la defensa de
la soberanía o la seguridad nacional.
En su momento, Novelo concedió la suspensión porque no existía Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y lo hizo en términos categóricos:
«Para el efecto de que se suspenda o paralice cualquier acto que tenga
como finalidad la continuación de la construcción del tramo Cinco Sur del Tren
Maya, de modo que no se permita la ejecución de obras relacionadas con su
construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del
terreno o cualquier otra actividad que implique su ejecución material».
La MIA ya fue aprobada por Semarnat y Novelo tiene agendada para esta semana
una audiencia en el incidente promovido por Fonatur para revocar la suspensión
definitiva, pero mientras tanto, la medida sigue vigente.
La actitud del Gobierno contrasta con la del caso el Aeropuerto Inrternacional Felipe Angeles (AIFA), que en 2019 también fue declarado de seguridad
nacional, para contrarrestar amparos que frenaban la obra.
En ese caso, antes de reanudar las obras se presentó la declaratoria de
seguridad nacional al juez responsable, Juan Carlos Guzmán Rosas,
que la consideró suficiente para revocar las suspensiones.