La
Secretaría de Educación Pública (SEP), bajo la administración de Delfina Gómez
Álvarez, destinó 13 mil 549.5 millones de pesos al programa La Escuela Es
Nuestra (LEEN), pero la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no encontró
evidencia de mejora en los planteles ni de compra de equipo, y en cambio
detectó anomalías como pagos duplicados y a personas fallecidas.
Pese a las irregularidades, en abril del
2022 la entonces Secretaria de Educación pidió a la Junta de Coordinación
Política de la Cámara de Diputados que se incrementaran a 32 mil millones de
pesos, es decir, casi el triple, los recursos para los supuestos beneficios de
horario extendido y alimentación del programa LEEN.
Dicho programa fue creado en 2019, con el
objetivo de que el gobierno federal transfiriera directamente a la comunidad de
cada escuela los recursos económicos necesarios para aplicarlos en sus
necesidades más apremiantes, que podían ser la remodelación, ampliación o
construcción de espacios, y la compra de equipo didáctico o mobiliario.
Para ello, cada plantel debe formar un
Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP), integrado por padres de
familia que reciben el dinero, lo gastan y están obligados a comprobar su buen
uso.
Pero eso no ocurrió.
El informe de la Cuenta Pública 2021 de
la ASF detalla que en dicho año fueron beneficiados 68 mil 665 planteles
públicos de educación básica, un 29.6 por ciento más de la meta original, que
era de 53 mil escuelas, aunque no se cuantificó a la población potencial y a la
población objetivo del programa.
Además, la SEP no identificó el número de
planteles ubicados en localidades con población en alto índice de pobreza, en
situación de vulnerabilidad o en contextos de riesgo social.
