Abel Barajas
Agencia Reforma
Ciudad de México, 02 Julio 2024.- Un juez federal negó el amparo a René Gavira Segreste, ex titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, contra el proceso que le fue iniciado por la presunta compra ilegal de certificados bursátiles por 100 millones de pesos, con recursos del organismo descentralizado.
Jorge Antonio Medina Gaona, juez décimo primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, le negó la protección de la justicia contra la vinculación a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, al estimar que esa resolución no viola sus derechos a la seguridad jurídica y debido proceso ni ninguna otra garantía constitucional.
De acuerdo con el fallo, la vinculación a proceso dictada el 13 de diciembre pasado por José Rivas González, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, precisó lugar, tiempo y circunstancias del delito, su clasificación jurídica, grado de intervención del imputado y la persona que lo imputa.
«En otras palabras, los datos de prueba permiten aseverar que en su calidad de servidor público otorgó una autorización para comprar títulos fiduciarios privados con recursos públicos, cuando no tenía facultades para ello», se lee en la sentencia de amparo.
«De los antecedentes expuestos, el suscrito considera que no se violó alguno de los principios que rigen el sistema acusatorio ni algún derecho que como imputado le asistió en la audiencia respectiva».
La defensa de Gavira reclamó en el amparo que, durante la audiencia en la que fue procesado hace seis meses, el juez Rivas «transgredió» la dignidad y la presunción de inocencia del ex funcionario, porque hizo alusión a presuntos actos de corrupción y dijo que su conducta era penalmente reprochable y debía evitarse la impunidad.
El argumento, sin embargo, fue desestimado por el juez de amparo.
«Es errónea tal apreciación, dado que, en términos generales, tal principio se define como el derecho de toda persona acusada de la comisión de un delito, a ser considerada como inocente hasta en tanto no se demuestre legalmente su culpabilidad», se añade em el fallo de Medina Gaona.
«No asiste razón al promovente, en virtud de que de la reproducción de la audiencia se desprende que ninguno de los intervinientes, entre ellos la representación social (FGR), formuló acusación en su contra en el sentido que refiere, actuación procesal propia de la etapa intermedia».
El fallo ya fue impugnado por Gavira, para que sea un tribunal colegiado de circuito el que resuelva en última instancia si debe o no continuar este proceso, uno de los cinco que han sido iniciados en su contra.
En este expediente, la Fiscalía General de la República imputó a Gavira invertir ilegalmente recursos públicos en la Bolsa de Valores, ya que la norma se lo impedía, salvo que se tratara de valores gubernamentales.
El 25 de junio de 2020 firmó un contrato de intención en el que autorizó a Jesús Blancas Cabrera, promotor de CI Banco Casa de Bolsa, la compra de 100 mil certificados de intermediación bursátil privada por 100 millones de pesos.
Los recursos fueron transferidos al fideicomiso CIC/3050, constituido el 27 de julio de 2018 por la empresa Corporación en Asesoría Financiera (Corafi) y CI Banco, para que se invirtieran en la Bolsa Mexicana de Valores en los certificados bursátiles, con la promesa de rendimientos del 11 por ciento.
La Procuraduría Fiscal de la Federación emitió una opinión de delito en la que señala que Corafi no contaba con la autorización para celebrar fideicomisos ni captar recursos, es decir, no estaban regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
