El líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, gastó 75.7 millones de pesos en abogados en 2020 para evitar ir a la cárcel y no repartir entre los trabajadores los 54 millones de dólares que Grupo México le entregó hace más de 15 años en un fideicomiso.
De acuerdo con fuentes del propio Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana el 16 de junio de 2020, desde la cuenta del Sindicato, se hicieron dos transferencias al despacho Del Toro Carazo Abogados, que ha sido el que ha llevado la defensa del líder minero.
Dicha cantidad fue transferida por el sindicato al referido despacho en dos operaciones realizadas con apenas 16 minutos de diferencia: la primera, registrada a las 14:23 horas, fue por un monto de 62 millones 420 mil 20 pesos; mientras la segunda, efectuada a las 14:39 horas, fue por 10 millones 140 mil 579 pesos.
Esta cantidad, de acuerdo con las fuentes, equivale a cerca de siete meses de aportaciones sindicales.
El sindicato minero, explicaron, cuenta con 33 mil 581 afiliados, quienes tienen un sueldo promedio de 20 mil 250 pesos mensuales, lo que significa que en cuotas, dicha organización recibe aproximadamente 10 millones de pesos mensuales.
Además de estas transferencias a Del Toro Carazo Abogados, el sindicato también transfirió al Bufete de Buen, SC, 3 millones 166 mil 800 pesos.
Los gastos en despachos no sólo han servido para defender a Gómez Urrutia, sino que también ha sido para proteger a su hijo Napoleón Gómez Casso.
El 14 de enero de 2020, luego de que el portal Latinus divulgara información sobre la vida de lujos que lleva el hijo del líder minero, los despachos Del Toro Carazo Abogados y Ramos, Ripoll & Schutter Abogados publicaron un comunicado presentando la defensa del hijo de Gómez Urrutia.
El pasado 28 de enero, la Junta Especial Número 10 dictó un cuarto laudo ordenando al Sindicato Minero y a Gómez Urrutia como «obligado solidario» a repartir a 226 trabajadores demandantes la parte proporcional de 54 millones de dólares que fueron entregados por Grupo México al Sindicato y colocados en un fideicomiso.
Resolución que de nueva cuenta, anticipó la defensa del líder minero, será impugnada.
