CRECEN VIOLENCIA FAMILIAR Y DEMANDAS ALIMENTARIAS EN CDMX
Vicente Flores Hernández
Agencia Reforma
Ciudad de México 13 enero 2025.- En la Ciudad de México existen madres de familia que además de sufrir violencia familiar, también padecen violencia económica al enfrentarse a deudores alimentarios.
Las denuncias por ambos delitos han incrementado en los últimos años en la Capital del País, de acuerdo con cifras oficiales.
Sin embargo, cuando las víctimas se animan a denunciar es porque sus vidas ya están en peligro y, pese a ello, todavía batallan con fiscalías, tribunales y agresores con redes de poder que les obstaculizan encontrar justicia, planteó una especialista.
Tal es el caso de una mamá autónoma de iniciales R.C., quien acusó que servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX archivaron su caso.
Entre 2021 y 2022, la mujer inició carpetas de investigación por violencia familiar e incumplimiento de la obligación alimentaria en contra de José Miguel, quien es un ex abogado del presunto autor intelectual del feminicidio de Abril Pérez Sagaón.
Insultos, amenazas con encarcelarla tras no querer continuar con la relación sentimental o sustraerse en el cuarto mes de embarazo, fueron algunos de los motivos que la llevaron a empezar los procesos legales.
R.C. había logrado que la carpeta de investigación se judicializara, en contraste, comprobó que funcionarios de la Fiscalía desestimaron dictámenes que realizó la propia dependencia y que comprueban las afectaciones emocionales y económicas que ha sufrido por su ex pareja.
Señalan obstáculos en sistema judicial
El sistema de justicia en la Ciudad de México es uno de los principales responsables de que padres que ejercen violencia familiar y son deudores alimentarios queden impunes, planteó una especialista.
Apenas el 25 de noviembre, mamás autónomas y activistas que integran el movimiento Ley Sabina denunciaron públicamente a 15 jueces en materia civil de la CDMX y a cinco funcionarios de la Fiscalía de Justicia capitalina de favorecer a papás que ejercen violencia vicaria y no cumplen con la obligación alimentaria.
Iris Santillán, doctora en Ciencias Penales e integrante de la Red de Investigación de Violencias de la UAM, lamentó que las leyes diseñadas para la protección de las mujeres queden en letra muerta.
«Desde el feminismo se ha dicho que vivimos una justicia patriarcal, aunque México es uno de los países que más leyes tiene en favor de los derechos de las mujeres, están solamente en el plano del deber ser, pero no se han materializado, desafortunadamente», señaló.
La docente se pronunció a favor de que el registro de deudores alimentarios sea abierto en la Capital y no restringido, como sucede en la actualidad.
Las propias víctimas han narrado que, al exhibir públicamente en manifestaciones o en tendederos a padres de familia que son omisos en la manutención de sus hijos, han logrado alcanzar una pensión alimentaria, pues, en ocasiones, esa vía es más rápida que mediante demandas en los tribunales.
«Sería muy benéfico (abrir el registro) porque, además, generalmente los deudores alimentarios tienen una familia, se separan por alguna situación y buscan otra pareja.
«O sea, sería muy buen instrumento que la nueva pareja pueda buscar información de ese señor, a ver qué tan buen proveedor realmente es y si está o no está en ese banco de información», apuntó.
