La Fiscalía General de la República (FGR) cerró la investigación que tenía en curso por posibles irregularidades y corrupción detrás del acuerdo con el cual el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, logró que la entonces PGR (en el gobierno de Enrique Peña Nieto) le retirara los cargos de delincuencia organizada y se le impusiera una pena reducida.
La institución encabezada por Alejandro Gertz Manero negó a la indagatoria tras concluir que no existieron hechos delictivos que perseguir ni castigar. Esto pese a que hay exfuncionarios de la PGR que reconocieron errores en la indagatoria, y a que el propio Duarte señaló que hubo extorsiones y sobornos.
En un oficio fechado el 30 de diciembre de 2021 y firmado por el fiscal Roberto Lara Vázquez informa que se determinó el “no ejercicio de la acción penal” dentro de la referida carpeta de investigación que se había abierto desde finales de 2018.
El “no ejercicio de la acción penal” es una determinación que el Ministerio Público toma luego de investigar un hecho y determinar que no hay irregularidades que pudieran constituir un delito, o que no haya pruebas que acrediten la participación de las personas denunciadas en estos.
La abogada Estefanía Medina, cofundadora de la organización TOJIL reprobó la decisión y acusó a la fiscalía de actuar de manera negligente y opaca en esta indagatoria, y de encubrir una negociación que afectó los intereses del país.
“Es evidente, incluso se ha reconocido, que hubieron hechos de corrupción detrás de este proceso. Se requería de una investigación seria y compleja, a todos los niveles, para esclarecer este asunto, pero no la hubo. Solo se taparon entre ellos y las víctimas quedamos a un lado”, explicó Medina.
La abogada adelantó que promoverán un recurso ante un tribunal federal en contra de esta determinación, pues además advirtió que la FGR incumplió con una orden judicial en la que se le instruía mantenerles informados, de los avances de la investigación.
En 2016, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción publicaron un reportaje en el que revelaron el mecanismo de empresas fantasma con el cual se había desviado, a gran escala, recursos de más de diez dependencias del gobierno de Veracruz. El monto de los recursos desviados a través de la red de empresas fachada superó los 3 mil 600 millones de pesos. Nada de ese dinero se ha logrado recuperar hasta la fecha.
