La
Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local aprobó por
unanimidad reformas al Código Penal del Estado de México para sancionar con prisión
el robo de las tapas metálicas de las coladeras y la usurpación de funciones
policíacas, así como para facilitar la querella en el delito de abigeato cuando
sea cometido entre familiares.
Durante la reunión presidida por el diputado
Gerardo Ulloa Pérez (Morena), la legisladora Alicia Mercado consideró
inadmisible que las personas pierdan la vida al caer en las coladeras de las
redes de drenaje cuyas tapas o rejillas fueron robadas, como ocurrió en la
Ciudad de México a fines de 2022 con las hermanas Sofía y Esmeralda.
Después de la aprobación unánime de su
iniciativa por la que se integra el título denominado Delitos contra el Equipamiento
y Mobiliario Urbano al Código Penal del Estado de México, la legisladora señaló
que en la clandestinidad cada tapa se paga como fierro viejo hasta en 400 pesos
cuando su costo real va de los 17 a los 20 mil pesos.
Como parte del mismo dictamen, la Comisión
aprobó reformas para sancionar con prisión a las personas encargadas de la
seguridad pública que coadyuven en la usurpación de funciones y faciliten
uniformes, insignias, vehículos oficiales o armas, con objeto de amedrentar a
la sociedad con falsos operativos o retenes.
De acuerdo con las reformas impulsadas por el
diputado morenista Mario Ariel Juárez Rodríguez, se busca combatir los abusos y
extorsiones, pues es una práctica común que elementos de las corporaciones
policiales recurran a personas externas conocidas como “madrinas” o
“izquierdos” para cometer delitos o actos arbitrarios, a los que les
proporcionan objetos falsos de las instituciones de seguridad, como uniformes,
insignias y autos.
En esta reunión, las y los legisladores también
aprobaron reformas al Código Penal para permitir la querella en el delito de
abigeato o robo cuando sean cometidos entre familiares con el propósito de
evitar desigualdad en el tratamiento de este delito respecto a los de abuso de
confianza, fraude, despojo y daño en los bienes.
Las reformas, analizadas con acompañamiento de
personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, deberán ser
ratificadas por el Pleno Legislativo antes de adquirir vigencia.