BUSCAN PRISIÓN POR VIOLENCIA VICARIA

BUSCAN PRISIÓN POR VIOLENCIA VICARIA

Un paquete de iniciativas para reconocer y sancionar la violencia vicaria con hasta ocho años de prisión fueron presentadas ante el Congreso local por las diputadas Gabriela Salido y Ana Francis López, del PAN y Morena, respectivamente.

La primera iniciativa reforma el Código Penal para establecer en un artículo 201 Ter una pena de ocho a cuatro años de prisión a quien incurra en esta práctica e incrementar las penas, hasta en una mitad, cuando los actos violentos sean cometidos en contra de los hijos.

Además, establece sanciones contra servidores públicos que retarden o entorpezcan la administración y procuración de justicia cuando se trate de violencia vicaria: de tres a ocho años de prisión y la inhabilitación de seis a diez años para desempeñar otro cargo en la administración pública.

Durante la presentación de la iniciativa, Alexandra Volin, cofundadora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, señaló que el colectivo agrupa a 900 mujeres que han sido víctimas, pero los afectados son más si se toma en cuenta el número de hijos que son separados de sus madres.

Jenifer Seifert, también integrante del Frente, explicó que las legislaciones son necesarias para que las instituciones no permitan que se cometa este tipo de violencia.

«El poder prevenir y el saber que existe eso le va abrir las puertas, los ojos y la mente a todas las instituciones que en algún momento se han vuelto cómplices (…) para que tomen cartas en el asunto y no lo vean como un problema de pareja», dijo Seifert.

La primera iniciativa también plantea incluir en el Código Civil local una definición de la violencia vicaria.

«Acción u omisión (…) que tenga por objeto o resultado provocar un daño físico, psicológico, emocional o de cualquier otro tipo a una mujer a través del maltrato, menoscabo, sustracción, daño, peligro u homicidio de sus hijas e hijos, una persona vinculada afectivamente a la mujer», se lee en la primera iniciativa.

Las propuestas fueron turnadas a las Comisiones de Administración y Procuración de Justicia, Igualdad de Género y Atención al Desarrollo de la Niñez para su análisis y dictaminación.

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