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Con la reforma al
artículo 196 de dicha Ley se podrá otorgar certeza jurídica a quienes resulten
responsables de faltas administrativas no graves.
Toluca,
Estado de México, 25 de enero de 2024.- En sesión de la Diputación Permanente,
el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI) propuso
reformar el primer párrafo del artículo 196 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de México y Municipios, a fin de otorgar certeza
jurídica a los servidores públicos que hayan cometido faltas no graves la
opción de apelar mediante un recurso de revocación administrativa o a través de
un juicio.
En
este sentido, la Diputada priista, Gretel González Aguirre, explicó que la Ley
de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios tiene
como propósito establecer los procedimientos de investigación, substanciación y
determinación de faltas administrativas de los servidores públicos, así como
faltas particulares.
Agregó
que con esta propuesta se busca evitar una antinomia jurídica que se entiende
como la situación en que dos normas pertenecientes a un mismo sistema jurídico,
que concurren en el ámbito temporal, espacial, personal y material de validez,
atribuyen consecuencias jurídicas incompatibles entre sí a cierto supuesto
fáctico, y esto impide su aplicación simultánea.
Por lo
anterior y de acuerdo con la propuesta el primer párrafo del artículo 196
quedaría de la siguiente forma:
“Los
servidores públicos que resulten responsables por la comisión de faltas administrativas
no graves (…) tendrán la opción de interponer el recurso de revocación ante la
propia autoridad que emitió la resolución o promover juicio ante el Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de México, dentro del término de quince días
hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación respectiva”.
Esta
iniciativa con proyecto de decreto para reformar el primer párrafo del artículo
196 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y
Municipios fue turnada a la Comisión Legislativa de Procuración y
Administración de Justicia para su estudio y dictaminación.
Esta
propuesta refleja el compromiso del GPPRI, coordinado por el también Presidente
de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Elías Rescala Jiménez para
mejorar la eficacia de la legislación vigente, asegurando un proceso más justo
y equitativo en el manejo de las responsabilidades administrativas.