El Gobierno de Gran Bretaña ordenó este viernes la extradición
del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos para enfrentar
cargos de espionaje, un paso importante, pero no definitivo, para el desenlace
de una batalla legal que dura ya una década. WikiLeaks dijo que recurrirá la
decisión, y tiene un plazo de 14 días para presentar una apelación.
La secretaria británica de Interior, Priti Patel, firmó la orden de extradición
de Assange a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por la publicación en
WikiLeaks de una gran cantidad de documentos clasificados hace más de una
década.
La decisión llegó a manos de Patel luego que una corte británica determinó en
abril que Assange podía ser enviado a Estados Unidos para que pueda ser juzgado
por 17 cargos de espionaje y uno de uso indebido de computadoras. La fiscalía
estadounidense sostiene que ayudó ilegalmente a Chelsea Manning, analista de
inteligencia del ejército estadounidense, a robar cables diplomáticos y
archivos militares clasificados que fueron publicados después por WikiLeaks y
pusieron muchas vidas en peligro. El
Ministerio del Interior indició en un comunicado que «los tribunales de
Gran Bretaña no han encontrado que extraditar al sr. Assange pueda ser
opresivo, injusto o un abuso procesal» y que, por ello, el ejecutivo aprobó la
medida.
«Tampoco se ha determinado que la extradición sea incompatible con sus
derechos humanos, incluyendo su derecho a un juicio justo y a la libertad de
expresión, y que mientras esté en Estados Unidos será tratado de forma
adecuada, incluyendo en relación con su salud», añadió.
Los seguidores y los abogados de Assange, de 50 años, sostienen que estaba
actuando como un periodista y que tiene derecho a las protecciones que concede
la Primera Enmienda a la libertad de expresión por la publicación de documentos
que expusieron las irregularidades militares de Estados Unidos en Irak y
Afganistán. Alegan que el caso tiene motivaciones políticas y que en el país no
podría tener un juicio justo.
«Hoy no es el final de la lucha. Es el comienzo de una nueva batalla
legal», dijo la esposa de Assange, Stella Assange, añadiendo que la decisión
es «un día oscuro para la libertad de prensa y para la democracia
británica».
«Julian no hizo nada malo», manifestó. «No ha cometido ningún delito
y no es un criminal. Es un periodista y editor, y está siendo castigado por
hacer su trabajo».
Luego de una batalla legal que llegó hasta el Tribunal Supremo del país, un
juez aprobó la extradición en abril, pero dejó la decisión final en manos del
ejecutivo.
Organizaciones de periodistas y grupos de derechos humanos habían pedido a
Londres que rechazara el pedido de Washington. Los abogados de Assange afirman
que, si la justicia estadounidense lo condena, podría enfrentar hasta 175 años
de cárcel, aunque las autoridades del país apuntaron que su posible sentencia
podría ser mucho más baja.
Por su lado, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamard,
dijo el viernes que la extradición «pondría (a Assange) en peligro y envía
un mensaje escalofriante a los periodistas en todo el mundo».
«Si la extradición sigue adelante, a Amnistía Internacional le preocupa
enormemente que Assange enfrente un alto riesgo de confinamiento solitario
prolongado, lo que violaría la prohibición de torturas u otros malos
tratos», agregó.
«Las garantías diplomáticas ofrecidas por Estados Unidos de que Assange no
será retenido en régimen de aislamiento no pueden tenerse en cuenta dados los
antecedentes».
Assange está retenido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres,
desde 2019. Antes de eso, pasó varios años refugiado en la Embajada de Ecuador
en la capital británica para evitar su extradición a Suecia por supuestos
cargos de violación y abuso sexual, que se retiraron en noviembre de 2019.