Tijuana.- La línea de investigación que sigue la Fiscalía
General del Estado (FGE) en el asesinato de la activista Patricia Rivera Reyes es
un presunto asalto con violencia, indicó Marina del Pilar Ávila Olmeda,
Gobernadora de Baja California.
“El fiscal me ha estado reportando el avance de las
investigaciones y me reportó cómo sucedieron los hechos”, agregó.
La
gobernadora habló del asesinato ocurrido el sábado 19 de marzo este martes
durante un evento público en Tijuana, y respondió que desconocía si hecho fue
consecuencia de su labor como defensora de los derechos de los indígenas.
“Hasta
el momento no tengo toda la información para podérsela proporcionar a ustedes
(…) Yo no pudiera dar una información que le compete únicamente a la FGE, que
ellos nos brindan la información correspondiente”, dijo.
Ávila
Olmeda respondió a estas preguntas en la escuela primaria Emiliano Zapata
ubicada en la zona este de Tijuana, donde inició el programa de desayunos
calientes en Baja California.
En
dicho evento también fue cuestionada sobre la publicación en redes sociales de
Adrián LeBarón, quien señaló presuntas invasiones de sicarios y criminales en
tierras de ejidatarios ubicadas en Zarahemla, San Quintín.
“La
fiscalía está haciendo lo competente y las investigaciones, nosotros haremos lo
propio también con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se hará la revisión
correspondiente, hasta el momento no puedo decir si es o no real, creo que se
merece un análisis profundo y una investigación profunda y respetuosa”,
respondió.
Sobre
la fecha de inicio de la investigación por esta presunta invasión de grupos
criminales, la gobernadora dijo que lo desconocía, pero posteriormente señaló
que esa información debía ser preguntada al fiscal general de Baja California,
Iván Carpio Sánchez.
Adrián
LeBarón publicó el 19 de marzo desde su cuenta de Twitter un video donde se
observa la construcción de viviendas de madera en este ejido presuntamente
invadido.
“Sicarios
y criminales están invadiendo tierras de ejidatarios de Zarahemla, en Baja
California. Así comienza el crimen a invadir poblaciones, hasta que se vuelven
inevitables”, se podía leer en la publicación, donde fueron etiquetados el
gobierno de Baja California, la Guardia Nacional y Andrés Manuel López Obrador,
presidente de México.