CMDX,
31 de enero de 2023. – Alcaldes de todo el país, encabezados por la
coordinadora nacional y presidenta de la ANAC, Alejandra Gutiérrez, acordaron
de manera unánime interponer en breve controversias constitucionales contra la
Ley general de Comunicación Social, por atentar contra la esfera municipal y la
libertad hacendaria.
En
sesión de trabajo, analizaron los efectos de dicha Ley, así como las acciones
para combatirla.
La
Coordinadora Nacional de Alcaldes y presidenta de la ANAC, Alejandra Gutiérrez,
expuso a los alcaldes humanistas los alcances de esta ley, aprobada el pasado
27 de diciembre, que forma parte del llamado Plan B de la reforma electoral
avalada por Morena, y constituye una real invasión a la esfera municipal, un
ataque directo al municipalismo y su libertad hacendaria, además de que es
violatoria del artículo 115 constitucional, que tutela su autonomía.
En
la sesión, además estuvieron presentes el Coordinador General Jurídico del CEN
del PAN, Raymundo Bolaños Azócar, y reconocidos expertos en la materia, quienes
apuntaron los conceptos de invalidez que deben atacarse para interponer un
medio de control constitucional.
En
las participaciones, diversos alcaldes advirtieron un intento por debilitar a
los municipios, al pretender socavar su libertad hacendaria limitando de manera
desproporcionada el ejercicio del gasto de los recursos que se recaudan.
Esta
ley pretende indebidamente cerrar la comunicación del Ayuntamiento con los
ciudadanos, coartando además el derecho a la información de los gobernados.
No
debemos permitir que se debilite la vida municipal, pues es la esfera de
gobierno del primer contacto con el ciudadano; en lugar de ello se debiera
pensar en fortalecer su hacienda y regresar fondos y programas que han
desaparecido.
Tampoco
se puede permitir que se abra el camino a la invasión de facultades exclusivas
de los municipios, porque de hacerlo, el federalismo y el municipalismo
mexicano correrían un riesgo sin retorno.
Si
bien, esta ley pretende poner una camisa de fuerza para que los órganos de
gobierno tengan un límite del 0.1% de su presupuesto para la comunicación, lo
cual es desproporcionado y perverso, el debate es mucho más profundo, pues se
trata de defender la autonomía municipal consagrada en nuestra Constitución, ya
que México necesita municipios fuertes, concluyeron.