Los agentes del Ministerio Público que
fueron denunciados por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz
Manero, por presuntamente haber incurrido en negligencias al indagar el caso de
la muerte de su hermano, y que terminaron perdiendo su trabajo y siendo
perseguidos penalmente, buscarán —tras la votación de la Suprema Corte del 28
de marzo, respecto de Alejandra Cuevas y
Laura Morán— que la carpeta de investigación iniciada en su contra
se cierre y, además, demandarán una reparación del daño por lo que consideran
que fueron acusaciones sin fundamento legal.
Se trata de los agentes del Ministerio
Público José Luis “N” y Jorge Octavio “N”, quienes, en mayo de 2016, fueron
denunciados por el delito de “denegación de justicia”, por supuestamente haber
hecho “diligencias parciales” encaminadas a no investigar la muerte de Federico
Gertz Manero sino, por el contrario, a librar de culpabilidad a Laura Morán
Servín, su pareja, a la que el hoy fiscal general ya acusaba del homicidio de
su hermano.
Gertz Manero señaló que ambos
MP rechazaron practicar algunas diligencias que él solicitó como parte
denunciante —por ejemplo, realizar pruebas
periciales en medicina legal y química, así como recabar los testimonios de los
médicos y enfermeros que atendieron a su hermano—, amén de que propusieron
cerrar el caso al considerar que la muerte de Federico Gertz Manero fue por
causas naturales.
Por años, dicha acusación no prosperó.
Pero en 2019, cuando Alejandro Gertz Manero ya había asumido su puesto como
titular de la FGR, la Fiscalía General de la Ciudad de México, encabezada por
Ernestina Godoy, reabrió el caso, lo envió a una unidad de asuntos especiales
y, en dos meses, decidió que dichos agentes sí habían cometido un delito. Por
ello, pidió una orden de aprehensión en su contra, que fue concedida por un
juez de la capital.
El año pasado, un juez federal amparó a
dichos agentes tras considerar que el caso tenía múltiples errores, carecía de
los fundamentos mínimos para considerar que existió un delito y era arteramente
violatorio de los derechos humanos de los dos exfuncionarios.
Animal Político contactó
a la dirección de Comunicación Social de la FGJCDMX para solicitarle un
posicionamiento respecto de la posibilidad de que la decisión de la Suprema
Corte de la Nación (SCJN) pudiera invalidar la investigación contra los agentes
del MP. La instancia respondió que en el transcurso de este jueves emitirá un
posicionamiento.
El abogado Irving Regino, representante
legal de Jorge Octavio “N”, afirma que la averiguación previa (recibe ese
nombre porque fue iniciada en el sistema penal anterior) se encuentra vigente
pero “congelada”, sin que la fiscalía capitalina aclare si continuará
realizando diligencias de investigación contra su cliente, lo que lo deja en
una indefensión jurídica. Regino también fue representante legal de José Luis
“N”, hasta que este decidió recientemente cambiar de defensa.
“Actualmente la investigación
se encuentra suspendida, no tenemos conocimiento de que se estén haciendo actos
de investigación respecto de mi representado (Jorge Octavio ‘N’) y del
otro imputado (José Luis ‘N’). Prácticamente lleva dos años detenida esa
investigación sin que haya una determinación o una justificante. Si el proyecto
(de la SCJN) sale a favor, sería una cuestión que podríamos nosotros
argumentar: primero, solicitar que se determine esa investigación y, luego,
optar por algún mecanismo para que se les retribuya (a los imputados) todo lo
que perdieron por estas acusaciones”, sostiene el litigante en entrevista.
“Entonces, se tendría que hacer ahora
una investigación en contra de las propias autoridades, e incluso
emprender acciones civiles para demandarles todo lo que les vino a perjudicar
(a los acusados), porque ellos llevaban una vida que se tuvo que interrumpir
por estas cuestiones que se les atribuyeron en su momento”.
El abogado señala que una de las
principales contradicciones de la acusación de Alejandro Gertz Manero en contra
de los exfuncionarios es que obvia el hecho de que ellos, en su calidad de
agentes del MP, gozan de autonomía de decisión para investigar y
determinar el ejercicio o no de una acción penal, como fue en el caso de la
indagatoria de la muerte de Federico Gertz Manero.
El litigante agrega que el Primer
Tribunal Colegiado de Distrito ordenó a la jueza penal que emitió las órdenes
de aprehensión acreditar por qué razón el no ejercicio de la acción penal
se trató de una negligencia y no de un acto previsto en las atribuciones de los
funcionarios, como es el caso.
“Lo que nosotros buscamos es el no
ejercicio de la acción penal, es decir, que la investigación se acabe porque no
hay elementos para continuar con la misma”, explica Regino. “Y esto viene de un
criterio de un Tribunal Colegiado, que es el que le instruyó a la jueza penal
que emitió las órdenes de aprehensión que tenían que recabarse ciertos
datos para poder acreditar, en la figura anterior, lo que se le llamaba el
‘cuerpo del delito’ y la probable responsabilidad; tenía que acreditarse por
qué el actuar de ellos no fue apegado a la ley, porque decretar la terminación
de la investigación no fue ilegal, y cuál es la separación entre la autonomía
del MP y este actuar negligente”.
“Es una cuestión que la fiscalía no
pudo y no podrá sostener jamás”, asegura el abogado. “Tendría que partirse de
una base en donde ese actuar no estuviera previsto por la norma y, sin
embargo, sí está previsto. Eso es lo que buscamos: que nos diga ya la fiscalía
‘no puedo continuar la investigación porque no tengo más elementos y el asunto
lo concluyo en este instante’, o que nos informe qué más va a hacer, porque no
puede tener una investigación abierta tanto tiempo sin saber qué van a hacer,
porque eso es una incertidumbre del gobernado”.
Regino recuerda que el Primer Tribunal
Colegiado de Distrito concedió por mayoría un amparo para efectos, ordenando
que se hicieran arreglos a la investigación. No obstante, precisa, uno de los
magistrados emitió un voto concurrente en el que propuso que el amparo fuese
liso y llano, partiendo de que el fallecimiento de Federico Gertz Manero
obedeció a causas naturales, perspectiva que la SCJN podría validar el próximo
lunes.
El abogado considera que el caso contra
los agentes del MP se trató de un uso político de las instituciones de
procuración de justicia, no solo de parte del fiscal Gertz, sino también de
Ernestina Godoy, pues, según Regino, ella agilizó el expediente pocos días
después de asumir el cargo de fiscal capitalina.
“Es una cuestión meramente política
donde se buscan los intereses particulares del ahora fiscal general de la
República, quien ha estado apoyado en todo momento por la fiscal de la CDMX”,
acusa.
“El proceso (contra los agentes del MP)
tendría que culminar; independiente de ello, se tendrán que tomar las acciones
pertinentes contra las autoridades, porque es un atropello a los derechos
humanos de ellos y de los gobernados. ¿Cuál es la imagen pública que proyecta
el titular de una institución tan importante como la FGR y la Fiscalía General
de Justicia de la CDMX por haberse prestado a llevar a cabo todos estos
(atropellos)?”, cuestiona.
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