Líderes del movimiento indígena de Ecuador acusaron que el
Gobierno de Guillermo Lasso está respondiendo a las protestas contra el alza de
los combustibles y el incremento del costo de vida con violencia y represión en
contra de los movilizados. En el noveno día del
paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (Conaie), los enfrentamientos entre las fuerzas armadas y los
manifestantes se intensificaron en la capital, donde los miembros de los
efectivos policiales repelían las protestas con bombas lacrimógenas, según
muestran varios videos difundidos en redes sociales.
«La respuesta más contundente que hemos tenido del Gobierno ha sido
represión, persecución, criminalización, intimidación, e intentos de asesinato,
esa es la realidad», sostuvo a REFORMA Nayra Chalán, vicepresidenta de
Ecuarunari, organización central de los pueblos indígenas de la sierra
ecuatoriana, y parte de la Conaie.
«De ahí, el pueblo para su defensa ha tenido que actuar con algo tan
natural que existe en cualquier ambiente que es una piedra (…), qué mas
tenemos, nuestro cuerpo, y está puesto ahí el cuerpo de miles de personas que
han decidido movilizarse a nivel nacional».
Chalán explicó que el tema del alza de los precios de los combustibles fue el
detonante de las movilizaciones, la misma inconformidad que hizo estallar las
protestas de 2019.
Acusó que en el año de la pandemia, Lasso decidió continuar con el proceso de
liberación de los precios de los combustibles a nivel internacional, y eso,
«en palabras textuales del Presidente es que se salió con las suyas»,
sin importar el encarecimiento que eso ha provocado para los sectores indígena
y campesino del país.
En un comunicado, la Fiscalía General denunció este martes que su sede
principal estaba siendo atacada por manifestantes indígenas, y pidió ayuda a la
Policía Nacional. Fotografías difundidas en medios locales mostraron puertas
destruidas y otros daños en el recinto.
Sin embargo, Chalán acusó que los responsables de los actos vandálicos fueron
grupos infiltrados del Gobierno, por lo que deslindó de responsabilidades al
movimiento indígena.
Dijo que se trata de los mismos hechos ocurridos en las protestas de octubre de
2019, cuando, agregó, un grupo de infiltrados ingresó a la Contraloría General,
destruyó expedientes y quemó el edificio.
«En la Fiscalía nosotros hemos denunciado permanentemente la infiltración
de miembros de la fuerza pública, de la Policía Nacional, de las fuerzas
armadas, hemos denunciado que no estamos de acuerdo que se metan a nuestros
espacios de movilización para intentar vandalizar e intentar manchar un proceso
legítimo de protesta», dijo la lideresa.
«No nos hacemos responsables de lo que está sucediendo en Fiscalía, que
sea el Gobierno nacional el responsable».
Cerca de la Universidad Salesiana, en Quito, también se registraron fuertes
enfrentamientos
Agentes policiales, varios en motocicleta y a caballo de acuerdo con AFP,
intentaron dispersar a los movilizados con gases lacrimógenos y chorros de agua
lanzados por vehículos antimotines.
La vicepresidenta de Ecuarunari denunció que también la fuerza pública ha
entrado a la Universidad Central y la Universidad Salesiana, lugares que han
servido de alojamiento para los movilizados que llegaron de comunidades
lejanas.
Hasta el lunes, había más de 40 lesionados, según Chalán, y este martes algunas
agencias de noticias reportaron al menos una persona muerta.
El Presidente Lasso extendió el lunes el estado de excepción a seis provincias
para intentar disipar las manifestaciones, pero los movilizados desafiaron las
medidas hasta que su pliego petitorio sea atendido.
Las fuerzas armadas señalaron este martes que no permitirán que las protestas
atenten contra la democracia, pero no detallaron qué medidas usarían para
frenarlas.
Chalán detalló que en gran parte de las ciudades capitales de varias provincias
del país están tomadas las gobernaciones, como es el caso de Pastaza,
Chingorazo e Imbabura; que la amazonía ecutaoriana está paralizada con al
rededor de 277 pozos petroleros cerrados «a decisión del pueblo», y
con todas las vías a la carretera Panamericana que cruza tanto a Colombia como
a Perú cerradas.
Ante los reportes de escasez de alimentos en la capital, dijo que lo que
realmente está escaseando son los productos agrícolas, ante una decisión de la
comunidad campesina de paralizar el movimiento de los productos hasta que sus
demandas sobre precios justos de los productos del campo sean atendidas por el
Gobierno.
La lideresa explicó que el movimiento indígena ha planteado una agenda de 10
puntos, pero que el Gobierno ha hecho caso omiso.