La
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México que regirá las
bases para la organización y el funcionamiento de la administración pública estatal
que encabezará la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, entrará en vigor el
próximo 16 de septiembre, establece el decreto publicado en el Periódico
Oficial Gaceta del Gobierno.
El nuevo ordenamiento, aprobado por unanimidad
de los grupos parlamentarios del Congreso mexiquense el pasado 31 de agosto, establece
las bases para la organización y el funcionamiento de la administración pública
estatal, centralizada y paraestatal, la cual estará integrada por 18
dependencias con rango de secretarías, así como organismos auxiliares, entre
descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos
asimilados.
Establece una administración pública austera y republicana,
eficiente y eficaz, que se conduzca por el principio de igualdad de género, para
enfrentar los retos y que responda a las necesidades y exigencias que impone la
realidad.
Señala que la titular del Ejecutivo estatal contará
con el apoyo de la Jefatura de Gabinete y proyectos especiales, la Secretaría
Particular, la Coordinación Técnica y la Vocería de la Gubernatura, que le
auxiliarán con las funciones de apoyo técnico, asesoría, evaluación y
coordinación en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales.
Además, el Ejecutivo estatal contará con 18
dependencias con rango se secretarías, esto es, Secretaría General de Gobierno;
Seguridad; Finanzas; Salud; del Trabajo; Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación; de Bienestar; Desarrollo Urbano e Infraestructura; del Campo; Desarrollo
Económico; Cultura y Turismo; de la Contraloría; del Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible; del Agua; de las Mujeres; Movilidad; la Consejería
Jurídica y la Oficialía Mayor.
Los transitorios indican que, a partir de la
entrada en vigor del nuevo ordenamiento, que abrogará la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de México publicada en 1981, la Legislatura
contará con un plazo de 180 días naturales para su armonización jurídica, en
tanto que la persona titular del Ejecutivo deberá expedir la reglamentación de
las dependencias en un plazo de 90 días naturales.
Cuando alguna unidad administrativa se
transfiera, conforme a la nueva ley, de una dependencia a otra, la transferencia
se hará incluyendo todos los bienes y al personal sin perjuicio de sus derechos
adquiridos, en tanto que los recursos humanos, materiales y financieros con que
cuenta la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos se transferirán a la
Consejería Jurídica.
Mandata también que la Secretaría de Finanzas
dotará de los recursos humanos, materiales, y financieros necesarios para la creación
de la Oficialía Mayor, en tanto que los recursos humanos, materiales y
financieros con que cuenta la cultura física y deporte se transferirán a la
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, entre otros
aspectos.