Ciudad de México, 22 mayo 2023.- Determina corte
que cualquier ciudadano puede solicitar información sobre los proyectos de
infraestructura, sin que la autoridad se reserve los datos argumentando razones
de seguridad nacional
El Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la invalidez total del
decreto del Ejecutivo federal que declaraba como de seguridad nacional e
interés público a todas las obras prioritarias del gobierno de México.
En una sesión
de casi hora y media de duración, los integrantes de la Corte se centraron en
definir los efectos a partir de que, en la sesión del jueves pasado, se
estableció que el acuerdo era un acto administrativo y no una norma general.
Esta
resolución, que se dio con una mayoría simple de seis votos contra cinco,
establece que cualquier ciudadano puede solicitar información sobre los
proyectos de infraestructura, sin que la autoridad se reserve los datos
argumentando razones de seguridad nacional.
También se
determinó que los efectos no son retroactivos a los permisos que ya se
autorizaron de manera expedita, como lo establecía el artículo 2 del acuerdo
impugnado, por lo que esas autorizaciones no serán anuladas.
La discusión
se centró en establecer si los efectos eran solo para las partes involucradas
en la controversia constitucional, el Poder Ejecutivo Federal y el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI).
La ministra
Yasmín Esquivel Mossa, incluso, planteó que el decreto invalidado el jueves
pasado quedaba vigente y podría ser aplicado por las dependencias del
Ejecutivo.
Esta
resolución no tiene ninguna consecuencia para el acuerdo que presentó el
presidente Andrés Manuel López Obrador, el jueves pasado, luego de que se
invalidó el Acuerdo del 22 de noviembre de 2022.
En el nuevo
acuerdo, el Ejecutivo propuso que se clasifique como de seguridad nacional el
Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como los
aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo, en
condiciones muy similares al acuerdo invalidado horas antes por la Corte.
El ministro
Javier Laynez Potisek fue el único que se refirió de manera indirecta a este
nuevo acuerdo, que no era materia de discusión.
