Mónica Mendoza Madrigal
La iniciativa fue presentada por Las Constituyentes Feministas que
encabeza Yndira Sandoval desde antes del proceso electoral de 2021 y consiste
básicamente en que no sean postulados a ningún cargo de elección popular
violentadores, agresores sexuales o deudores de pensión alimenticia bajo una
premisa muy clara: darle poder a un violentador le brindará la impunidad
necesaria para evadir la ley, porque tendrá fuero y porque desde el poder
seguirá ejerciendo las violencias ahora más fortalecido por la posición de
privilegio que su representación le otorga.
El apoyo del INE fue determinante y ello demuestra para qué es que
queremos mujeres con conciencia feminista en posiciones de toma de decisiones
porque la Consejera Carla Humphrey abrazó la iniciativa con determinación desde
un inicio. Con la aprobación del Consejo General se elevó la iniciativa a nivel
de Acuerdo, mismo que fue suscrito por todos los partidos políticos que se
comprometieron – de manera voluntaria – a hacerlo valer en esa jornada
electoral.
A partir de ahí, más de 100 organizaciones y colectivas feministas y
activistas de a pie de todo el país nos unimos en una red que se denominó La
Observatoria para acuerpar el Acuerdo y hacerlo valer.
El trabajo colectivo de La Observatoria fue fundamental y a ello se sumó
la estrategia ejecutada por una de las organizaciones aliadas – Las Brujas del
Mar – quienes ejecutaron un minucioso seguimiento de las candidaturas
postuladas por todos los partidos políticos y lo hicieron público a través de
un recurso creativo y eficaz llamado las Antiboletas, mediante del cual se
evidenció a los partidos que incumplieron con el Acuerdo.
En total se hicieron públicas 83 antiboletas que exhibían a candidatos
que o eran violentadores, o agresores sexuales o deudores de pensión
alimenticia, de los cuales 11 fueron postulados en el estado de Veracruz. Todos
los partidos postularon candidatos que violentaban el Acuerdo.
En la práctica el Acuerdo se enfrentó a dos situaciones: argumentando
dificultades logísticas, se aprobó que los OPLES solo revisaran al azar el 30%
de los registros de las candidaturas postuladas por los partidos, que en teoría
deberían de venir acompañados del documento firmado de puño y letra de todas y
todos los aspirantes indicando que no eran ni deudores de pensión alimenticia,
ni agresores ni violentadores sexuales pero que al no estar obligados por ley,
o llenaron con mentiras o simplemente no las entregaron.
La segunda situación que dificultó poder negar los registros a muchos de
estos sujetos – mayoritariamente hombres – fue que el Acuerdo tenía en candado
de pedir que hubiera “sentencia firme” a través de la cual la autoridad
correspondiente validara la condición de violentador, agresor o deudor del
candidato. Es decir, no tan solo que estuvieran denunciados, sino que la
autoridad ya hubiera fallado en su contra.
Con todo y la dificultad que esta condición implica, hubo varios casos
que sí cumplían con este criterio y que de todas maneras fueron postulados por
los partidos.
Este candado está presente en la Ley aprobada, por lo que hay que
denunciar, que es la parte que nos toca hacer.
Al inicio de la presente legislatura comenté con algunas legisladoras y
legisladores la importancia de presentar la iniciativa para que en Veracruz
fuera Ley la 3 de 3 y recuerdo bien la respuesta: “si aprobamos eso, nos
quedaremos sin candidatos”.
Pensé y pienso que esa es justamente la sacudida que el sistema político
necesita. Dejar de cobijar delincuentes, para que así las y los políticos
recuperen la legitimidad, la confianza y la credibilidad que han perdido ante
la ciudadanía.
Hoy la coyuntura política permitió que el minucioso trabajo de cabildeo
que las Constituyentes no han dejado de hacer ni uno solo de los días para
empujarla primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, encontrara
pertinencia en una jugada del ajedrez legislativo del morenato que – hay que
decirlo – votó a favor como moneda de cambio para incumplir con su
responsabilidad de nombrar a los Comisionados faltantes al INAI.
En cualquier caso, primero es la agenda de las mujeres y las
escalofriantes cifras de las múltiples violencias cometidas en nuestra contra
no dan tregua y obligan a que desde las más altas esferas del poder se actúe
para limpiar de violentadores, agresores y deudores y cortar el manto de
impunidad que les cobija.
Había que aprobarla en 17 congresos estatales para que pueda entrar en
vigor para el proceso electoral de 2024 y cuando usted lea esta columna la meta
incluso ya habrá sido rebasada. El tejido fino del cabildeo de agrupaciones
feministas y legisladoras aliadas de Las Consti – como se les llama entre
activistas – ha rendido frutos.
En Veracruz el Congreso la aprobó por unanimidad. En año y medio de
transcurrida la actual Legislatura, esta es la primer iniciativa que aprueban.
Nada de nadie, salvo las enviadas por el gobernador, así que tiene enorme
mérito que hayan abrazado favorablemente la minuta enviada por el Senado sobre
una iniciativa ciudadana.
Ahora a cumplir.
Vayan buscando candidatos que no sean violentadores, agresores sexuales
ni deudores de pensión alimenticia. Busquen bien, porque si de nuevo los
postulan, los vamos a exhibir.