Nunca más adecuada como ahora es esa frase popular mexicana que
refiere a la aplicación de la “ley de Herodes”: te chingas o te jodes.
Eso exactamente es lo que ha sucedido los
últimos dos meses en el país con la restauración autoritaria más grotesca de la
historia, que ni siquiera refleja ni se sostiene en lo que llaman la “voluntad
del pueblo”, que no le dio en las urnas al obradorato –porque es López Obrador
quien sigue al frente- la mayoría artificial con la que están destruyendo el
Estado de Derecho y la democracia en México.
A la destitución por tómbola de jueces y
magistrados se sumó otra reforma constitucional que deja en total indefensión a
la población ante los abusos de una clase política enloquecida por el poder: no
se puede impugnar ninguna enmienda a la carta magna, por retrógrada,
autocrática y violatoria de derechos humanos que sea. El mismo término con el
que nombraron su entuerto, la “supremacía constitucional” del Legislativo,
revela su talante fascistoide y no deja lugar a dudas de que lo que sucede en
este momento en el país es un intento de golpe de Estado. Por lo menos en
términos legales y políticos.
La irracional mayoría artificial de Morena y
aliados ha tomado por asalto el Poder Legislativo para destruir al Judicial,
desoyendo cualquier llamado a la cordura, el consenso y la sensatez. La
consigna es demoler a su paso todas las instituciones que les hagan contrapeso
para, en su lugar, erigir un nuevo orden que va más allá del autoritarismo del
antiguo régimen del que abreva el obradorismo reinante –pues todos se comportan
como reyezuelos-, y que concentra el poder de tal manera que existe una
verdadera amenaza para la democracia y las libertades en México.
Con la complicidad –o incapacidad- de una
presidenta gris y sin fuerza, un grupo de porros simiescos hace lo que quiere
en el Congreso de la Unión. Y con el bodrio que acaban de aprobar, tienen la
posibilidad de decidir lo que sea. Podrían hasta dar por concluido el gobierno
de Claudia Sheinbaum si así lo quisieran y a sus legisladores levantadedos les
ordenaran votar en ese sentido. Nadie podría impugnar una reforma así, porque
otra reforma ahora lo prohíbe. Absurdo, surreal, pero tan cierto como que de
demócratas no tienen nada.
Es tan vulgar su embate, que ni siquiera
creen necesario cuidar la mínima de las formas. La mal llamada “reforma
judicial” contempla la creación de comités de evaluación de los aspirantes a
ocupar las plazas de jueces, magistrados y ministros que se someterán a
“votación” el año entrante, a partir de lo cual se elaborarán las listas que
estarán en las boletas. Pues bien, los comités que representarán al Ejecutivo y
al Legislativo están integrados por puros personajes afines al morenato. Por lo
que no hay duda de cuál será el perfil de los “candidatos” a convertirse en los
próximos impartidores de “justicia”.
La “elección democrática” de las personas
juzgadoras con la que el régimen justifica por entero la reforma judicial es
una farsa. No habrá tal democracia, pues quienes decidan votar y participar en
ese circo solo podrán escoger a un mismo tipo de juez, magistrado o ministro:
oficialista. Y eso, si queremos creer que verdaderamente se podrá escoger algo.
Porque lo que se avizora es una “elección a la antigüita”, en la que los
ganadores estarán preseleccionados y el “pueblo” será utilizado como una simple
masa legitimadora de una decisión que tomó alguien más.
Pero la crisis constitucional que se vive
todavía se puede agravar. El martes se votará en la Corte el proyecto que
plantea anular parcialmente la reforma judicial en cuanto a la elección de
jueces y magistrados, dejando la de ministros. El régimen ya adelantó que
desacatará tal resolución, lo que provocaría un estallido legal que puede, sin
exagerar, fracturar por completo el régimen constitucional republicano. Se
trataría de un golpe de Estado sin matices, directo. Y la instauración, con
todas sus letras, de una dictadura, donde no hay más ley que la que decida
imponer, por sus gónadas, el régimen.
Sin duda cobra mayor sentido el “te chingas o
te jodes”.
La burla
Hablando de los comités evaluadores, el que
presentó la presidenta Claudia Sheinbaum es una verdadera mentada de madre.
Resulta que incluyó, por razones
incomprensibles –o quizás no tanto-, a Isabel Inés Romero Cruz, la expresidenta
del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz (TSJEV) impuesta por Cuitláhuac
García que está implicada en un desfalco por más de 500 millones de pesos al
Poder Judicial estatal.
La gestión de Romero Cruz además fue señalada
por la Auditoría Superior de la Federación por irregularidades financieras por
82 millones de pesos. Y por si faltase algo, hay una denuncia interpuesta por
la actual titular del TSJEV, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, por presuntos
malos manejos por otros 50 millones de pesos.
Aunado a ello, desde que estaba al frente del
Poder Judicial local de Veracruz –un ejemplo perfecto del chiquero en que
quieren convertir al federal-, Romero Cruz se percibía ausente, fuera de la
realidad, e incluso se manejó que padecía problemas de salud mental
relacionados con su edad.
Pues ahora formará parte del Comité Evaluador
del Poder Ejecutivo federal de los aspirantes a jueces, magistrados y ministros
que contenderán en la elección del año entrante, y que, entre otras funciones,
identificará a “los mejores perfiles en términos de honestidad y
profesionalismo”.
Te chingas o te jodes.
Email: aureliocontreras@gmail.com
X: @yeyocontreras
Comparte esto: