Fenómeno social que afecta a buena parte del país
Una de las consecuencias más nefastas que trajo la llamada “Guerra contra el Narcotráfico”, desatada durante el sexenio del presidente Felipe Calderón (2006-2012), fue el incremento de casos de niños, niñas y adolescentes reclutados por la delincuencia organizada. Hoy en día, por desgracia, este fenómeno social sigue afectando a buena parte del país.
Si bien se desconoce cuáles son las dimensiones reales de este problema (el número de estos niños, niñas y adolescentes oscila entre 35,000 y 460,000, de acuerdo con el estudio que se cite), sí se tiene muy claro que se presenta con más frecuencia en aquellos estados donde la inseguridad, la extrema violencia y las actividades de los grupos delincuenciales son cotidianas.
“A esos factores hay que sumarles, claro, la pobreza y marginalidad de muchas familias que viven en zonas violentas, así como la deserción escolar y la baja provisión de servicios por parte del Estado”, apunta Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) y especialista en derechos de niños, niñas y adolescentes.
Régimen jurídico especial
México cuenta con un régimen jurídico especial para los menores de edad –el Sistema de Justicia para Adolescentes, contemplado en el artículo 18 de la Constitución– que considera sus condiciones de desarrollo y establece que no se les puede juzgar de la misma manera que a los adultos.
Ahora bien, los grupos delincuenciales se aprovechan de esta circunstancia para reclutar niños, niñas y adolescentes, pues están conscientes de que si éstos son detenidos y juzgados no se les castigará con la misma severidad con que se hace a un adulto.
“Pero lo que se olvida o ignora es que el Sistema de Justicia para Adolescentes prevé que si una persona menor de edad está en un entorno que favorece la comisión de actos delictivos, debe ser protegido y alejado de las condiciones que lo indujeron a cometerlos por primera vez. Se pueden tomar innumerables medidas para que no vuelva a delinquir, como cambiarlo de domicilio, prohibirle ir a determinados lugares, etcétera, pero en la práctica no se han tomado con el rigor que se requiere. Esto nos lleva al falso debate de la baja de la edad penal. No poca gente dice que, si hay personas menores de edad involucradas con la delincuencia organizada, es necesario bajar la edad penal, pero esto tampoco resuelve nada, pues en el mundo entero se ha demostrado que el endurecimiento de las penas no conduce a una baja en la actividad delictiva. Más bien se tienen que tomar medidas de prevención temprana, trabajar en las comunidades donde se dan fácilmente los procesos de reclutamiento de personas menores de edad, y, cuando surja un caso, intervenir de inmediato”, dice González Contró.
En 2015, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU también le dijo al Estado mexicano que tenía que hacer un diagnóstico del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes llevado a cabo por la delincuencia organizada, combatir sus causas estructurales, entre las que se encuentran la violencia armada en los territorios dominados por grupos delincuenciales, el tráfico de estupefacientes, la desigualdad de género y la marginación, e investigar los casos de desapariciones y muertes violentas.
“Y puso énfasis en que tenía que revisar la estrategia de lucha contra la delincuencia organizada, cuyos delitos no son únicamente el narcotráfico y la venta de estupefacientes, sino también la trata de personas y el reclutamiento forzado. Sin embargo, el Estado mexicano no ha cumplido con esta recomendación.” En opinión, de González Contró, no se puede perder de vista que, independientemente de que hayan cometido algún delito, los niños, niñas y adolescentes reclutados por la delincuencia organizada son víctimas, que el Estado mexicano les ha fallado porque no les ha garantizado sus derechos y que la sociedad tiene que demandar acciones de prevención en territorios de alto riesgo y el fortalecimiento del marco normativo e institucional.
Por medios digitales
En México se han puesto en marcha algunas acciones para combatir este problema social, pero no atacan sus causas estructurales, las cuales, según la observación general número 25 del Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU, se han recrudecido en los últimos años.
“Y ahora los grupos delincuenciales están aprovechando en todo el mundo los medios digitales para reclutar niños, niñas y adolescentes, por lo que los Estados nacionales tienen la obligación de generar políticas y un marco normativo e institucional adecuado para prevenir precisamente este tipo de acciones”, comenta Mónica González Contró.
FUENTE: UNAM
