La
próxima semana se tiene previsto que el Senado de la República discuta el
paquete pendiente de la reforma electoral que, entre otras cosas, plantea la
compactación y reestructuración del INE, así como la eliminación de la cláusula
de “vida eterna a partidos”.
Sin embargo, desde este momento el
llamado Plan B ya se perfila para ser la reforma electoral más impugnada en la
historia, señala una investigación de la Dirección General de Difusión y
Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República
(IBD).
El documento titulado “Aspectos del
proceso legislativo de la Reforma Electoral (Plan B)”, elaborado por el
investigador César Alejandro Giles Navarro, apunta que, hasta el 1 de febrero
pasado, se habían presentado un juicio de amparo en contra de la reforma,
cuatro acciones de inconstitucionalidad por parte de partidos políticos de
oposición y diversos legisladores.
Así como una controversia constitucional
del INE contra las modificaciones legales en materia de propaganda
gubernamental.
Aunado a lo anterior, se espera que el
paquete de reformas relativo a las normas electorales que será retomado por el
Congreso la siguiente semana motive un mayor número de acciones jurídicas y
sociales, pues todos los actores que promovieron acciones de
inconstitucionalidad contra la reforma en materia de propaganda gubernamental
adelantaron que harían lo mismo con las reformas a normas electorales que tocan
la estructura y funcionamiento del INE.
La nota del IBD identifica que los
actores inconformes de la reforma señalan principalmente violaciones al proceso
legislativo y argumentan que las modificaciones propuestas ocasionarían el
debilitamiento del INE, inequidad en las contiendas por la intervención de servidores
públicos e, incluso, que ponen en riesgo la organización del proceso electoral
de 2024.
Por otro lado, el estudio recupera
algunos de los argumentos del gobierno y sus bancadas en el Congreso a favor
del Plan B, en donde se encuentran aspectos como la austeridad que, según
calculan, generaría un ahorro superior a los 3 mil millones de pesos en los
procesos electorales.
El estudio del IBD considera que la SCJN
deberá resolver constitucionalidad y validez del Plan B antes de junio de este
año, para preservar la certidumbre del proceso electoral de 2024.
Cabe apuntar que para invalidar el Plan B se requiere que una mayoría calificada del pleno de la Corte vote en ese sentido.