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Mónica González Contró inauguró el “Foro sobre
Plataformas Digitales y Seguridad Social del Futuro”, organizado por el IIJ
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Académicos, representantes de empresas y de
organizaciones del ramo revisaron la situación laboral que enfrentan quienes
incursionan en esta modalidad
México, 6 de noviembre. – Las
plataformas digitales se constituyeron en una de las vías de acceso a bienes y
servicios habituales para los ciudadanos; es un tema que irrumpió desde hace
varios años en nuestra realidad. Sin embargo, a partir de la crisis sanitaria
su presencia se recrudeció y con ello salieron a la luz, de manera importante,
una serie de problemas asociados a esta nueva forma de trabajar que no estaba
considerada de manera explícita en la legislación, consideró la directora del
Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Mónica González
Contró.
“La realidad va más aprisa que la
posibilidad que tienen los órganos legislativos de establecer marcos jurídicos
adecuados, para regular estas realidades emergentes”. Si bien esa labor es un
área de oportunidad para numerosas familias –pues representa el acceso a un
ingreso mediante el uso de esos medios digitales–, también constituye un reto
importante en materia de protección social debido a sus características.
Al inaugurar el “Foro sobre
Plataformas Digitales y Seguridad Social del Futuro”, organizado por el IIJ y
las empresas DiDi, Uber, Rappi y Beat, González Contró indicó:
Esta entidad académica abrió sus
puertas al debate donde estuvieron representadas todas las voces, en particular
el análisis académico, político y jurídico sólidos, a partir de una perspectiva
de reflexión, a efecto de generar propuestas que tiendan a garantizar los
derechos de las personas trabajadoras de esas plataformas y que les garantice
la seguridad social y los derechos laborales reconocidos en la Constitución y
en las leyes que, por supuesto, son obligatorios.
Destacó que en espacios como este
se pueden generar políticas públicas que sean eficaces, que se traduzcan en una
legislación que proteja las garantías de los individuos y que no limite esta
nueva posibilidad de ingresos.
Ocupación nueva
Víctor Carreón Rodríguez, del
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), refirió que como parte de
las investigaciones que se realizan en el Laboratorio Nacional de Políticas
Públicas de esa entidad académica, se concluyó que durante la pandemia el uso
de plataformas digitales evitó el desplazamiento de los usuarios a farmacias,
tiendas, supermercados, etcétera, lo que contribuyó al distanciamiento social y
con ello se evitó casi un millón de contagios.
De acuerdo con cifras de la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al cierre de 2020 eran casi 250 mil
personas repartidoras de este sistema, mientras que al concluir el segundo
trimestre de 2022 existían más de 300 mil, argumentó.
La mayoría, 80 por ciento, son
jóvenes menores de 44 años, lo que no ocurre en otras actividades; en nivel
escolar cuentan con secundaria completa, eso los hace diferentes. En cuanto a
los ingresos, perciben de uno a dos salarios mínimos diarios.
La propuesta del CIDE sería
definir las actividades de plataformas digitales como una ocupación nueva en la
legislación. “Si no lo hacemos, tendremos problemas. Es necesaria una
regulación innovadora para tener una actividad de reciente incursión en la
economía, sin inhibir incentivos a nuevas inversiones”.
Las plataformas digitales
representan herramientas tecnológicas que dinamizan a la sociedad y a la
economía, como intermediarias entre quienes ofrecen servicios y aquellos que lo
requieren. Rompieron el paradigma laboral y empoderan a las personas para
ejercer sus derechos y su libertad, aseveró Vicente Roqueñí López, director
senior de Asuntos con Gobierno y Políticas Públicas de América Latina
Hispanohablantes de DiDi.
Su evolución continuará de forma
acelerada y, probablemente, los modelos antiguos de ocupación dejarán de
existir. De esa manera, 80 por ciento de quienes deciden generar ingresos a
través de esa modalidad valoran su flexibilidad; es decir, son libres de elegir
si las utilizan o no; si usan más de una plataforma a la vez; cuántas horas le
dedican al día; determinan las zonas geográficas en las que trabajarán. “Sin
duda, deciden ser dueños de su tiempo”.
Puntualizó que las aproximaciones
regulatorias laborales de las plataformas digitales en el mundo son incipientes
y contradictorias. Como resultado de ello se han observado tres tendencias: una
regulación laboral rígida; la creación de nuevas categorías de trabajadores; y
la libre elección del tipo de relación.
Saúl Gómez, fundador del
colectivo Ni un repartidor menos, destacó que los distribuidores de la
plataforma DiDi obtuvieron logros como: mejoras en el seguro de protección 24
horas después del último pedido; protección y servicio a trabajadores que
utilizan motocicleta, en caso de falla o falta de combustible; además de
respaldar a las mujeres repartidoras en casos de acoso.
Legislar al vapor, en torno a la
situación de este tipo de trabajadores, podría traer consecuencias para todos.
Estamos de acuerdo con una regulación o legislación que significarían mejoras
sustanciales, “pero no se puede adecuar en un cuadrado, como es la Ley Federal
de Trabajo, un círculo como este nuevo sistema de trabajo. Debemos construir,
avanzar y, sobre todo, poner a trabajar a las instituciones: Secretaría del
Trabajo e IMSS, que aprendan a ser flexibles y no ser un modelo rígido”.