La
Corte Suprema de Chile rechazó la solicitud de extradición del exdiputado
federal Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, requerido por autoridades mexicanas
por supuesto enriquecimiento ilícito.
En fallo dividido, la Segunda Sala del
máximo tribunal revocó la sentencia de primera instancia, tras establecer la
improcedencia de la extradición del ciudadano chileno-mexicano, al no cumplirse
en la especie el principio de mínima gravedad del delito, al sancionarse en
Chile el enriquecimiento ilícito con una pena de multa y no con un año de
reclusión como establece el tratado sobre la materia suscrito entre ambos
países.
“Que sobre
el particular conviene tener en consideración que constituye un principio
general del derecho internacional, el que la extradición solo procede por
delitos de gravedad, y no serían tales aquellos cuya pena no supera el año de
privación de libertad, que serían por tanto de escasa lesividad”, sostiene el
fallo.
Conforme a dicho principio, el artículo
1° del Tratado de Extradición que rige entre Chile y México establece que ella
será aplicable solo cuando la privación de libertad del delito requerido no excede
de un año. Por su parte, el artículo 3 del citado instrumento estatuye que
procede dar lugar a la extradición respecto de los delitos incluidos en
convenios multilaterales suscritos por ambos países”, indicó la Corte chilena.
Para el máximo tribunal, si bien la
Convención hace extraditables los delitos de corrupción que tipifica, de igual
modo deja a salvo –en el caso de existir tratado de extradición y las
legislaciones internas tipifiquen el delito– la penalidad mínima de más de un
año de privación de libertad, requisito que debe cumplirse tanto respecto del
Estado requirente como del requerido, constituyendo ello una contra excepción a
lo dispuesto en su artículo 44 N° 1, que hace procedente la extradición por
todos los delitos en el referido tratado multilateral”.
El exdiputado y exdelegado en Coyoacán
fue señalado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
(FGJCDMX) por posible enriquecimiento ilícito, aunque él asegura tener las
pruebas para acreditar el 98% de sus bienes.
