Ciudad de México, 22 agosto 2022.- El
secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, rechazó
haber participado en una reunión con el entonces procurador de la República,
Jesús Murillo Karam, quien fue detenido el pasado viernes por el caso
Ayotzinapa, y otros funcionarios en los que se fraguó la llamada “verdad
histórica” sobre los 43 normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre
de 2014.
“Rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para fraguar la verdad histórica’”, escribió García Harfuch en sus redes sociales. Rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para “fraguar la verdad histórica”; ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que si hacemos algo por nuestro país todos los días.
El nombre del actual secretario de
Seguridad capitalino que en ese entonces era delegado de la Policía Federal
en Guerrero salió en el caso durante la audiencia de
imputación contra Murillo Karam donde la Fiscalía General de la República (FGR)
acusó al exprocurador de haber organizado dicho cónclave para
construir la “verdad histórica”.
Lo anterior de acuerdo con el testimonio de Bernardo Cano Muñozcano, secretario
particular de Tomás Zerón de Lucio,
extitular de la Agencia de Investigación Criminal, quien se convirtió en
testigo colaborador de la FGR.
De acuerdo con esta versión, los 43
normalistas de Ayotzinapa fueron privados de la libertad por Guerreros Unidos
con apoyo de policías municipales y quemados en el basurero de Cocula.
Durante la presentación del informe de la
comisión especial del caso Ayotzinapa, el subsecretario Alenjandro Encinas
aseguró que la desaparición de los 43 normalistas constituyó
un crimen de Estado en el que participó Guerreros Unidos,
policías municipales, y otros funcionarios, quienes sabían de los movimientos
de los estudiantes e incluso de los hechos ocurridos en septiembre de 2014 y no
hicieron nada.
Además, reveló que se reunieron en Israel
con Tomás Zerón de Lucio, extitular de la AIC, a quien le ofrecieron un
criterio de oportunidad para conocer la verdad sobre el caso, pero este lo
rechazó.
Al día siguiente del informe, la Fiscalía General de la República informó que se libraron 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; a 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policías estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.