Cd.
de México 01 agosto 2022.- El ex director de Pemex, Carlos Treviño Medina, denunció ante la
Fiscalía General de la República (FGR) a su titular Alejandro Gertz Manero por
presuntos actos de tortura para obligar a Emilio Lozoya a incriminarlo con
falsedades en supuestos sobornos en el contrato de Etileno XXI.
Si bien considera que esta querella es «inútil», porque Gertz no se
investigará a sí mismo, el ex funcionario anticipó que denunciará al Fiscal
General ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo la Ley Global
Magnitski, que persigue a extranjeros involucrados en corrupción y violación a
derechos humanos.
En la denuncia presentada el pasado viernes por su abogado Óscar Zamudio,
Treviño de todas formas pide a la FGR abrir una investigación y desistirse de
la solicitud de la audiencia de imputación presentada en agosto pasado ante el
Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez.
El regiomontano acusa tanto a Gertz como a su mano derecha, Juan Ramos López,
Fiscal de Control Competencial, de torturar psicológicamente a Lozoya para que
presentara el 11 de agosto de 2020 la denuncia de los supuestos sobornos para
la reforma energética de 2013 y para mantener las cláusulas del contrato de la
planta de Etileno XXI. La amenaza siempre fue actuar penalmente contra su
familia.
«Mientras el señor Lozoya Austin fingía que cooperaba proporcionando
información, la Fiscalía General de la República a cargo del perpetrador de la
tortura realizaba una persecución política contra diversas personas, pero nada
para constatar los dichos del señor Lozoya Austin, evidentemente, porque se
sabía desde un inicio que eran falsos».
«Como titular de la Fiscalía General de la República Alejandro Gertz
Manero sujetó a tratos degradantes al señor Emilio Lozoya Thalmann (padre del
ex director de Pemex) para que aceptara cumplir con condiciones impuestas que
implicaban la renuncia a los derechos, tanto de él como de sus dos hijos. Todo
a cambio de que su esposa (Gilda Margarita Austin y Solís) pudiera ser
liberada», dice la denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en
Materia de Derechos Humanos de la FGR.
«Sin lugar a dudas, la denuncia de hechos falsos firmada por el señor
Emilio Ricardo Lozoya Austin fue obtenida por medio de tortura psicológica o
mental perpetrada directamente por el titular de la FGR, que también lo obligó
a allanarse materialmente al procedimiento de extradición y a cambiar de
defensores por unos elegidos por la propia Fiscalía que no se opusieran al plan
fraguado por su titular».
Treviño argumenta que si bien él no padeció en lo personal las torturas, un
criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
publicado el pasado 15 de julio, le confiere la calidad de ofendido a quien
sufre las consecuencias de los tratos degradantes de un tercero, como en su
caso ocurre con los dichos de Lozoya bajo coacción.
Para sustentar su denuncia, Treviño cita las llamadas telefónicas intervenidas
a Gertz en las que presiona al padre Lozoya para que se desista de un amparo y
despida al abogado Javier Coello Trejo, así como la carta del propio procesado
en la que revoca de su defensa a dicho litigante, manifestando que esta
decisión la tomaba por la presión y persecución a su madre, esposa y hermana.
«Como se advierte de los audios que han sido filtrados a los medios de
comunicación, es intencional el proceder del titular de la FGR. De sus propias
manifestaciones públicas se demuestra que, en su carácter de Fiscal General de
la República, considera no tener ningún superior jerárquico (al menos
legalmente) y ha decidido que en lugar de investigar basta con presionar
personas mediante la amenaza o solicitud de la prisión preventiva de ellos y/o
de sus familiares para hacerlos declarar incriminándose o incriminando a otras
personas a quienes se pretende procesar penalmente», acusa el ex director
de Pemex.
«Con esas presiones, el titular de la FGR logró que se produjeran graves
violaciones al derecho de Emilio Lozoya Austin de elegir libremente un defensor
que objetiva y verdaderamente lo defendiera de las imputaciones que obraban en
su contra. En lugar de ello, le fueron asignados defensores a modo que
permitieran que con Emilio Lozoya Austin sucediera lo que necesitaba esa
Fiscalía General de la República a cargo del señor Alejandro Gertz
Manero».
«Habiendo privado al señor EMILIO LOZOYA AUSTIN del derecho a una defensa
adecuada y obligándolo mediante presiones a firmar una denuncia de hechos
falsos, es evidente que su voluntad estaba totalmente a merced de esa FGR y que
firmó, para que: 1) cesaran las presiones y 2) continuaran los privilegios. Eso
es tortura».
Puntualiza que el objeto de su denuncia no es hacer una apología ni victimizar
a Lozoya, porque el que sufriera torturas no cambia el hecho de que fuera
sobornado por Odebrecht en su beneficio personal y de su familia; además de
que, derivado de sus dichos, obtuvo ilegalmente otros beneficios procesales y
ministeriales.
Por ejemplo, cita el hecho de que la FGR paralizara todas las investigaciones
iniciadas en su contra por denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera y
que, en el caso de defraudación fiscal de 2.6 millones de pesos, cancelaran su
proceso con el pago del monto del crédito fiscal sin actualizaciones ni
recargos.
También, recuerda que a Lozoya le permitieron ingresar a un hospital de lujo y
estar en libertad, tras ser extraditado, y que Juan Ramos dio instrucciones a
su padre para que coordinadamente lograran la puesta en libertad de su esposa
Gilda Margarita Austin, como se infiere de las llamadas telefónicas difundidas.
El denunciante acusa que la FGR no le ha dado trámite de una denuncia que
presentó anteriormente contra Lozoya, por el delito de falsedad en declaración,
lo que pone en evidencia que las instancias nacionales están agotadas o que
«es completamente inútil acudir a ellas, dado el contexto en que el
perpetrador, es el titular de la institución encargada de la investigación de
los delitos denunciados».
«Incluso aunque el Poder Judicial de la Federación le ordene investigar
los delitos denunciados por el señor Carlos Alberto Treviño Medina y los que yo
denuncio en este acto, es evidente que, como ha venido sucediendo, en esa FGR
únicamente se perseguirá a quienes su titular indique», afirma.
«Asimismo, esta asesoría jurídica buscará que se aplique la Ley Global
Magnitski sobre Responsabilidad de Derechos Humanos (Global Magnitsky Human
Rights Accountability Act), que persigue a extranjeros acusados de corrupción y
violaciones a derechos humanos. Para lo cual también presentaré este escrito
ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos».
Las copias de este escrito de denuncia están dirigidas al Departamento de
Justicia estadounidense, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la
Sección de Peticiones y Consultas del Comité contra la Tortura (CAT) de las
Naciones Unidas y a José Antonio Zavala Sánchez, Coordinador del Proyecto
Enhancing Transparency & Accountability of Prosecutors’ Offices, de Tojil,
además de los medios de comunicación.
Proceder sistemático
De acuerdo con la denuncia de Carlos Treviño, el titular de la FGR, Alejandro
Gertz Manero, ha procedido en forma sistemática con los mismos métodos de
presión y coerción contra su propia familia política, así como en los casos
Telra-Infonavit, la familia Jenkins y la disputa en la Universidad de las
Américas Puebla, y con Rosario Robles.
En el caso de la ex titular de la Sedatu y la Sedesol, el denunciante acusa que
ella no está en la cárcel porque hubiese una licencia de conducir distinta y
falsa, sino porque Gertz expresó públicamente que no quería cooperar con la
FGR, a diferencia de Lozoya.
«Uno de los casos más claros es la manifestación pública del Fiscal
General de la República en el sentido de que la señora Rosario Robles Berlanga
seguiría en prisión preventiva porque se negaba a colaborar, como sí lo había
hecho el señor Emilio Lozoya Austin», señala.
«Esas razones expuestas en audiencia son irrelevantes. No importa en
realidad, si la identificación era falsa, si tenía otro domicilio o no; todas
las razones expuestas por la Fiscalía para justificar la procedencia de la
medida cautelar de prisión preventiva que se le impuso tenían simplemente la
finalidad de cumplir con un requerimiento procesal. En realidad, y el Fiscal
General de la República lo mencionó: la señora Rosario Robles se encuentra en
prisión preventiva porque no obedece».
Sobre el caso de la marca de la UDLAP, refiere que la FGR reactivó una
investigación que ya estaba archivada por falta de elementos. Gertz fue rector
de esa universidad en la Ciudad de México y Juan Ramos, hoy número dos de la
FGR, fue el apoderado legal del centro educativo que presentó la denuncia.
Del Caso Telra-Infonavit, recuerda que Alejandro Gabriel Cerda Erdman, ex
coordinador General Jurídico del instituto, permaneció 6 meses en el Penal del
Altiplano y salió porque suscribió un criterio de oportunidad bajo presiones de
la FGR, según su abogado.
«Como se advierte, es sistemático el proceder de esa FGR consistente en
amenazar a las personas con privarlas de la libertad o bien, en cumplir dicha
amenaza haciéndoles saber que, si obedecen, ese tormento se puede acabar. Nada
tiene que ver con lo jurídico ni con la procedencia legal de la prisión
preventiva. Evidentemente, también es pública la tortura que el Fiscal General
de la República ejerció sobre la familia de la señora Alejandra Cuevas Morán
respecto de quien utilizó su prisión preventiva para obligar a sus hijos a
confesar delitos que no cometieron», acusa.
«Engaña al Presidente»
El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, usó a Emilio
Lozoya para apuntalar su posición y congraciarse con el Presidente Andrés López
Obrador, pero terminó engañándolo al no poder probar que la reforma energética
de 2014 fue producto de sobornos a la oposición.
Así lo asegura en su denuncia el ex director de Pemex, Carlos Treviño Medina,
quien señala que la construcción de mentiras e incriminaciones falsas que hizo
Gertz, a partir de los dichos de Lozoya obtenidos bajo tortura, lo hacen
responsable «histórica y legalmente» de dos cuestiones.
«1) Hoy que se cumplen dos años desde que el señor Emilio Ricardo Lozoya
Austin fue extraditado a México, no hay un solo condenado por el asunto de
Odebrecht, con lo que se coloca a nuestro país, nuevamente, como ejemplo de
impunidad ante el mundo entero», dice.
«2) El Fiscal General de la República engañó al Presidente de México con
una narrativa insostenible en el sentido de que la reforma constitucional en
materia energética, de 2014, fue producto de sobornos».
Agrega que Gertz que el móvil de Gertz siempre fue sacar provecho de la
creencia que desde hace nueve años tiene el primer mandatario -de que la
reforma energética del Pacto por México fue posible gracias a hechos de
corrupción-, sin embargo, fracasó en su propósito.
Recuerda que López Obrador estaba tan convencido de lo anterior, que el día en
que se promulgó dicha reforma renunció al Partido de la Revolución Democrática
y fundó el partido de Movimiento de Regeneración Nacional.
Pero lejos de advertirle que no podían probarse los sobornos, Gertz siguió
adelante con la misma narrativa, «resultando ahora que en los paneles de
consulta y arbitrajes potenciales, los falsos positivos que en su momento
prometió el fiscal serán un lastre y causarán un grave perjuicio a la posición
de México».
«Es evidente que el Fiscal General de la República explotó para beneficio
propio la creencia del Presidente de México en el sentido de que la reforma
eléctrica de 2014 se obtuvo por medio de sobornos que fueron entregados a los
legisladores que la votaron. Pero eso, como se sabe, no sucedió, ni se pudo
probar y en ese sentido, el FGR fracasó», dice en la querella presentada el
pasado viernes.
«El titular de la FGR buscó congraciarse con el Presidente de México
obteniendo líneas falsas de investigación contra tres expresidentes: Carlos
Salinas de Gortari, Felipe de Jesús calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
Para ello, se hizo que el señor Emilio Lozoya Austin señalara en su denuncia de
hechos falsos que el señor José Antonio González Anaya había recibido en su
presencia una llamada del expresidente Salinas de Gortari; que el expresidente
Calderón estuvo involucrado en el proyecto Etileno XXI como producto de actos
falsos de corrupción y finalmente al expresidente Peña Nieto, por las supuestas
instrucciones que dio al exsecretario Luis Videgaray Caso».
«Asimismo, para darle un aspecto o tinte transexenal a los hechos inventados
por el señor Emilio Lozoya, se incluyó en la denuncia al señor José Antonio
Meade Kuribreña. Lo anterior a pesar del cúmulo de imprecisiones históricas,
personales, en la trayectoria y responsabilidades de dichas personas () Hoy, el
Fiscal que prometió al gobierno legitimar su narrativa, le falló y hoy es un
lastre casi imposible de cargar».