Personal de las gerencias de Recursos Materiales,
Adquisiciones y Servicios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
(AICM) denunció al director de Administración, Jordi Messenguer, por
amenazarlos para favorecer con un nuevo contrato a Servicios Inmobiliarios
Iroa, Joad Limpieza y Servicios y Aseo Privado Institucional, firmas que se
quedaron sin un contrato de 2021 a 2023 por decisión del Órgano Interno de
Control (OIC).
Fue en marzo de 2021 cuando Servicios Inmobiliarios Iroa, Joad
Limpieza y Servicios, Aseo Privado Institucional y Tecnolimpieza Delta fueron
designadas ganadoras de un contrato por 520 millones de pesos para la limpia de
las dos terminales, no obstante, en últimas fechas, el titular del OIC,
Guillermo Solís Cruz, dejó sin efectos la presentación de propuestas y el fallo
de la compra LA-009KDN001-E37-2021, y mandó reponerlos.
La nueva selección de proveedora se programó para hoy, jueves
7 de julio, luego de un aplazamiento. Entre las interesadas figuran nuevamente
las mencionadas, aunque Aseo Privado Institucional y Servicios Inmobiliarios
Iroa se presentaron en consorcio con montos por 97 millones de pesos para la
terminal 1 y de 83.3 millones de pesos para la terminal 2; mientras que Joad
Limpieza y Servicios acudió de forma individual con una oferta de 83.7 millones
de pesos para la terminal 2.
Los precios que dichas concursantes colocaron sobre la mesa
son los más altos entre las cinco proposiciones captadas el 1 de julio,
panorama que trae a la memoria los señalamientos por sobrecostos que el
presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó investigar tras un
cuestionamiento surgido a mediados de 2021, en una de sus conferencias
matutinas.
Asimismo, los autores de la petición para investigar al
funcionario refirieron que desde el año anterior se detectaron costos por
encima de los del mercado, práctica que repetirían en el concurso actual;
mientras que sobre Messenguer Gally desmenuzaron que tiene “intereses personales
y económicos con las empresas”, que supuestamente son observables en el periodo
que la anterior contratista se mantuvo vigente a pesar de diversos
incumplimientos que debían traer consigo la rescisión del acuerdo, pero que
según los testimonios, se dejaron de observar y se corrigieron “por
instrucciones expresas y precisas del director de administración”.
En el caso de Servicios Inmobiliarios Iroa, por ejemplo, fue
detectada una denuncia de la Unión Nacional Independiente de Trabajadores y
Empleados de Limpieza (Unityel) para que el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) averigüe la presunta evasión de obligaciones obrero patronales
con el 65% de los trabajadores que debería tener inscritos, y a sobre los que
debería realizar aportaciones al fondo de retiro e Infonavit.
En la descripción de los hechos, aseguraron que Messenguer
Gally les indicó que “si las fallas de API (aseo privado institucional) no son
salvables, entonces hagan lo necesario para descalificar a todos y se declara
desierta la licitación”.
No obstante, respecto a la documentación de Aseo Privado
Institucional y Servicios Inmobiliarios Iroa precisaron que no cumple con los
requisitos debido a que la empresa es representada por José Roberto Ortíz
Álvarez, pero quien signó los manifiestos de no conflicto de intereses fue
Montserrat Sánchez Flores.
Según comentaron, al finalizar se dirigieron a Solís Cruz de
forma anónima debido a que tienen “razones suficientes y fundadas para temer
por nuestra situación laboral, nuestra integridad física y la de nuestros
familiares”.