El Gobierno federal exhibió ayer la presunta red financiera
del ex Presidente Enrique Peña Nieto, que involucra a familiares directos, un
conglomerado de empresas, transacciones millonarias y contratos gubernamentales
de los cuales se habría beneficiado el mexiquense.
Según la investigación, Peña y sus empresas familiares recibieron más de 10 mil
millones de pesos durante el sexenio que gobernó. Además, entregó contratos
cuando el priista fue Gobernador del Estado de México.
Peña fue ubicado como accionista de una red de al menos 11 empresas con
facturaciones millonarias.
En la conferencia mañanera, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló
que el ex Presidente fue denunciado ante la FGR, por lo que esta dependencia
abrió una carpeta de investigación por operaciones presuntamente ilícitas con
depósitos irregulares en Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido.
Según Pablo Gómez, titular de la UIF, una hermana de Peña realizó retiros
bancarios de manera ilícita por casi 190 millones de pesos.
La indagatoria señala que el ex Presidente, quien radica en España, recibió
transferencias internacionales por 26 millones de pesos entre 2019 y 2021. Ventiló
que Peña Nieto tiene vínculos con una empresa que funciona para el envío y
recepción de recursos hacia los mismos accionistas, y con otra compañía que
recibió los contratos de la Federación.
«El Gobierno no tiene una actitud de persecución de tipo político. La UIF
es un instrumento gubernamental, aplica la política del Gobierno, no anda en el
aire, no existe en el éter, por eso no hay una política de persecución por
motivos justamente políticos», sostuvo Gómez.
Según las investigaciones de la UIF, a las que REFORMA tuvo acceso, Peña es
accionista en «PlastiEstéril», cuyo giro es la fabricación de
plásticos y material desechable para uso médico.
«Plasti-Estéril», cuya aliada o socia es la farmacéutica Baxter,
tiene vínculos con al menos 7 empresas más como Praxair México, Movers Consorcio
Aduanal, Inmobiliaria Azabi y Administración de Servicios Lindoso.
Identificada por Gómez como empresa «B», esta compañía se benefició
de contratos del Gobierno federal por 10 mil 33 millones de pesos durante el
peñismo, e hizo transferencias a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por mil
557 millones de pesos entre 2015 y 2021.
En la red detectada por la UIF también aparece el empresario mexiquense Carlos
Alejandro Monroy Carrillo, dueño de marcas como «La Moderna» e
identificado como muy cercano al ex Mandatario.
Actualmente, la FGR también investiga a Peña por «traición a la
Patria» y por estar implicado en los sobornos del Caso Odebrecht.