Cd. de México 25
junio 2022.- Jesús Hernández Alcocer, el abogado que ultimó a su esposa la noche del
jueves en la Colonia Del Valle, ofreció durante años sus servicios legales y
negoció varios litigios sin contar con título de abogado, pero con un objeto
que lo hacía persuasivo ante cualquiera: una pistola escuadra calibre .380,
chapada en oro.
Según el
registro de su cédula profesional, apenas en 2017 el presunto homicida se
tituló como licenciado en derecho por la Universidad del Distrito Federal,
aunque para entonces ya tenía 74 años de edad y llevaba décadas implicado en la
gestión de asuntos jurídicos.
«Cuando
ibas a una junta con él, para tratar de arreglar un asunto, lo primero que
hacía este señor era poner su pistola en la mesa, en lugar de su cédula
profesional. Te intimidaba, por eso era temido como un gángster con sus
tirantes y su pistola», recuerda un reconocido abogado que pidió no
revelar su identidad.
Según
personas que lo conocen, Hernández se ostenta como amigo de generales del
Ejército, como Audomaro Martínez, jefe del Centro Nacional de Inteligencia, y
magistrados como Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México.
Anoche, el
abogado estaba a la espera de que la Fiscalía capitalina decidiera trasladarlo
ante un juez para imputarlo por el homicidio de su esposa, la cantante Yrma Lydya.
El arma que
Hernández usó no fue hallada por las autoridades la noche del jueves,
aseguraron fuentes de la Policía.
Refirieron
que, aunque sí fue decomisada una, no se trataba de la utilizada para cometer
el feminicidio, por lo que las diligencias para su localización se mantenían
ayer, incluso en el domicilio del abogado, en Jardines del Pedregal.
Autoridades
investigan una discusión sobre divorcio como móvil del feminicidio.
‘El Padrino’
Hernández
Alcocer trabajó en el Nacional Monte de Piedad de 1979 a 1982, bajo el mando
del director Leopoldo Ramírez Limón, quien el 5 de mayo de 1983 fue encarcelado
por un fraude de 283 millones de pesos a la institución de beneficencia.
Siempre
usaba tirantes y una perla en la corbata, portaba en la cintura su escuadra
chapada en oro y tenía afecto a los vehículos Mercedes y BMW, como el carro
deportivo en el que últimamente se le veía, un BMW i8 Protonic Froze, modelo
2017, con valor de 1.8 millones de pesos.
Varios
coinciden en que era un comensal frecuente de los restaurantes Suntory de la
Colonia del Valle y Plaza Artz, como antes lo había sido del Sir Winston
Churchill’s de Polanco, hasta su cierre hace dos años. Los privados de los
comederos eran sus verdaderas oficinas.
«Él
vivía en el Pedregal, donde tenía varias obras de arte novohispano, pero a
diario lo veías en estos restaurantes con dos botellas de vino de 10 mil o 20
mil pesos cada una», dice un litigante que llegó a tratar asuntos con el
ahora detenido.
«No
sólo trataba asuntos legales que resolvía a través de sus influencias, a mi
mejor amigo le consiguió todos los permisos de armas con sus contactos en la
Secretaría de la Defensa Nacional».
No era una
leyenda la relación del abogado con militares de alto nivel, el mismo Hernández
Alcocer declaró en una Corte de Texas que en el 2002 su amigo el General Luis
Montiel López, ex integrante de la Brigada Blanca y ex jefe de la VI Región
Militar en Veracruz, le pidió ayudar a su hijo.
El hijo del
General era uno de los 70 distribuidores en México a quienes ADT les rescindió
sus contratos en aquel año. El apoyo de Hernández Alcocer al General fue
conseguir 11 órdenes de aprehensión por fraude contra los principales
ejecutivos de ADT, lo que la empresa estadounidense afirmó que fue resultado de
una «conspiración» y maniobras ilegales.
ADT
respondió con denuncias y demandas contra el abogado en Texas y Florida, donde
-según la revista The American Lawyer- integrantes del gran jurado lo referían
como «El Padrino».
Sobre sus
modales, la revista relata que durante un interrogatorio judicial a un
directivo de ADT en México, Hernández Alcocer hizo un ademán con el brazo -un
gancho de derecha, similar al de una mentada de madre- a Thomas Ajamie, abogado
de la firma estadounidense, y le dijo «te van a partir de tu madre».
Los
defensores de Hernández trataron de enmedarle la plana y aseguraron que en
realidad quiso decir «te vamos a vencer en la Corte».
«Cuando
alguien, algunas personas o empresas, tienen cualquier tipo de problema, vienen
a mí y me piden que los ayude o que les maneje el asunto», declaró el
presunto homicida en aquella ocasión.
En el 2011,
el abogado Xavier Olea denunció a Hernández Alcocer como parte de una trama en
la que también implicó al entonces ministro Sergio Valls y tres magistrados federales,
para librar al Obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, de un supuesto fraude
procesal por 130 millones de dólares.
La querella
refería que Hernández y Alejandro Luna Fandiño, hijo de Alejandro Luna Ramos,
entonces magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
habían cabildeado con los magistrados de un tribunal colegiado para conseguir
el fallo que archivó la investigación contra el Obispo.
«Hernández
Alcocer… es conocido por su gran ‘audacia’ para lograr sus ilegales cometidos,
tan es así que presumiblemente cuenta con diversas indagatorias por dicho
delito y el de usurpación de profesión, además del delito de extorsión»,
dice la denuncia.
El 16 de
junio de 2011, la PGR archivó esta investigación por tráfico de influencias,
cohecho, abuso de autoridad, usurpación de profesión y extorsión.
Ese día,
Hernández Alcocer y Luna Fandiño fueron fotografiados con Cepeda festejando el
fallo de la Procuraduría, en el Suntory de la Colonia del Valle, el mismo lugar
donde el litigante asesinó a su esposa el pasado jueves.
En la nueva
administración federal, Hernández Alcocer ha sido señalado por algunos abogados
como responsable de la toma de las oficinas corporativas de la Cooperativa La
Cruz Azul, en Gran Sur, el 6 de agosto de 2020.
Su nombre
no aparece en documento legal alguno, pero allegados al grupo de
cooperativistas que encabezan Federico Sarabia Pozo y Alberto López Morales
señalan que Hernández operaba para José Antonio Marín y Víctor Velázquez,
quienes derrocaron de la directiva a Guillermo «Billy» Álvarez.
«A
Jesús Hernández Alcocer le decíamos ‘El Tirantes’, él fue el que ayudó al
acercamiento del grupo de Velázquez y Marín con Rafael Guerra Álvarez,
Presidente del TSJCDMX, y operaron el derrocamiento de ‘Billy’ junto con Julio
Scherer Ibarra, el ex consejero Jurídico», dice uno de los entrevistados.