La Suprema Corte de
Justicia de la Nación discutirá el 27 de junio un proyecto que autoriza a
jueces federales de todo el país ordenar la vacunación contra Covid-19 para
niños de cinco a once años, para los cuales aún no ha iniciado la aplicación
por parte del gobierno.
La Ministra Margarita Ríos-Farjat propuso al Pleno de la Corte establecer que
los jueces deben conceder suspensiones en los amparos promovidos por padres de
familia, para el efecto de que la vacuna sea aplicada de inmediato.
Lo anterior, pues la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris) autorizó el pasado 3 de marzo el uso de emergencia de la vacuna de
Pfizer-BioNtech para este grupo de edad, que en Estados Unidos comenzó a ser
inoculado contra el coronavirus a finales de octubre de 2021.
La Corte resolverá una contradicción de criterios entre tribunales colegiados
de circuito, algunos de los cuales han concedido este tipo de suspensiones,
incluido el Cuarto Tribunal en Materia Administrativa en la Ciudad de México,
que emitió jurisprudencia que sólo obliga a los jueces de la Capital.
Otros tribunales han rechazado conceder las suspensiones porque aún no había
autorización de Cofepris, o porque no querían interferir con la prelación
establecida en la Política Nacional de Vacunación (PNV) que dejó a los jóvenes
para el final.
El proyecto de la Ministra reprueba que se hubiera ordenado aplicar vacunas con
base en criterios de autoridades sanitarias de otros países, como hicieron
varios tribunales que se basaron en dictámenes de expertos mexicanos, y en el
hecho de que ya había autorización en Estados Unidos.
«La orden a las autoridades de la salud para que apliquen una vacuna que
no ha sido sometida al estudio científico a cargo de la institución competente
para ello, sin duda pondría en peligro la salud y la vida de niños y niñas,
porque sólo los especialistas autorizados por la Constitución y las leyes que
de ella emanan, son los que cuentan con facultades para establecer si una
vacuna cumple con las especificaciones sanitarias que requiere cierto grupo
etario», afirma el proyecto.
«La suspensión provisional en el juicio de amparo debe concederse cuando
se solicita para el efecto de que se aplique el esquema completo de dos dosis
contra el virus mencionado a niñas y niños de entre cinco y once años, sin
comorbilidades, siempre que la vacuna ya haya sido autorizada por la
Cofepris», agrega.
El 27 de mayo, el subsecretario Hugo López-Gatell dijo que se negocia con
Pfizer la compra de vacunas para niños de 5 a 11 años, que viene en una
presentación distinta porque la dosis es menor, por lo que no hay fecha para su
aplicación general.
La jurisprudencia de la Corte solo será obligatoria para los jueces, no para el
Poder Ejecutivo, y no está claro cómo se podrá forzar la aplicación de la
vacuna a los amparados, si el Gobierno argumenta que aún no la ha podido
comprar.
Los padres de familia empezaron a usar a amparos para vacunar a sus hijos, de
entre 12 y 17 años, en julio de 2021, pues Cofepris había autorizado el biológico
de Pfizer en junio, y en Estados Unidos se había empezado a aplicar en mayo.
Los tribunales colegiados también tuvieron criterios opuestos sobre este grupo
de edad.
El 27 de junio, la Corte discutirá otro proyecto de Ríos-Farjat, que también
ordena a los jueces conceder suspensiones para este grupo, en lugares donde aun
no estuvieran programadas fechas para aplicar la vacuna.
El gobierno federal empezó a vacunar a toda la población de 12 a 17 años a
principios de mayo, aprovechando las dosis de Pfizer que compró para los
adultos, aunque el objetivo inicial de la PNV era terminar de inocular a toda
la población en marzo de 2022.